El Estado se convierte en el depositario de los bienes del Pazo de Meirás y el Gobierno prepara ya su devolución

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tiene previsto reunirse el próximo 9 de diciembre, un día antes de la entrega del Pazo de Meirás al Estado decretada por la justicia, con los máximos dirigentes gallegos para abordar la devolución del complejo. Según ha podido saber laSexta, Calvo se reunirá con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Diputación, Valentín González, y el alcalde de Sada, Benito Portela, para valorar y acordar los pasos de este proceso.

El Gobierno ha realizado este anuncio tan solo unas horas después de conocerse que el Estado español pasa a ser el depositario de todos los bienes inmuebles y elementos accesorios que se encuentran en el recinto. Así lo ha decidido en un auto el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, el mismo que estimó el pasado 2 de septiembre que el complejo no pertenecía a la familia del dictador, y sí a la administración pública.

El órgano judicial acepta de esta manera las alegaciones de los ayuntamientos de Sada y A Coruña, de la Diputación provincial, de la Xunta de Galicia y del propio Estado sobre el contenido del inmueble. Eso sí, sin perjuicio de que se pueda permitir la retirada de aquellos objetos "de estricto uso personal o que, por sus características, nada aporten a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural y cuya retirada en nada comprometa los posibles usos definitivos que se decidan para el pazo".

En el auto, la titular del Juzgado, la magistrada Marta Canales, ha explicado el porqué de la decisión de prohibir retirar los bienes y accesorios del pazo sin informar previamente a la familia se debe: "La urgencia surge cuando los demandados, diciendo que van a entregar voluntariamente el pazo, previamente quieren proceder al traslado de bienes en 50 camiones, que sin duda son muchos camiones, lo que se traducía en un vaciado de no se sabía qué". Así, ha puesto en valor la importancia de saber "qué existía en Meirás" antes de que se trasladaran "todo tipo de bienes desconocidos".

"De no haber adoptado las medidas cautelares –ha continuado la magistrada– nunca sería posible acoger una decisión futura; nunca podría debatirse si, por ejemplo, un escudo se integra o no en la ejecución y propiedad del Estado, porque los bienes habrían, simple y llanamente, desaparecido. Por eso, las medidas son cautelares, urgentes y sin audiencia". En este sentido, Canales ha ahondado en esta cuestión para señalar que, una vez se haya hecho el inventario sobre el contenido del pazo, el Estado tendrá que plantear "qué bienes entiende que han de ser entregados o no".

Yerra la parte demandada cuando dice que se le dieron veinte días para retirar todos sus bienes"

Un Estado que, para la jueza, ha realizado una solicitud de depósito aceptable porque es "congruente con la finalidad de poder entrar a debatir qué forma parte de la ejecución, todo, nada o parte". En contraposición, ha rechazado las alegaciones de los Franco en contra de la prohibición de retirar los bienes de Meirás: "La literalidad del auto es clara. En consecuencia, yerra la parte demandada cuando dice que se le dieron veinte días para retirar todos sus bienes. Sus actos fueron los de cumplir voluntariamente el fallo y, en congruencia, el auto dispone el plazo de un cumplimiento voluntario".

De esta manera, tanto la propiedad como su contenido pasará a estar bajo el mando del Gobierno hasta que haya una sentencia definitiva sobre la propiedad. El juzgado también ha decidido dar a los guardeses del recinto un plazo de varias semanas, ampliado hasta el 15 de enero de 2021, para que abandonen el lugar. No obstante, es necesario resaltar que se trata de un auto judicial contra el que cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

Un proceso convulso para poseer el Pazo

Desde que comenzó el juicio por la propiedad del castillo, la familia del dictador ha intentado por todos los medios conservar el recinto, así como su contenido, sumergiéndose en un extenso tira y afloja con el Gobierno para dirimir los derechos sobre el Pazo. En 2017, se puso en marcha una comisión de expertos para valorar la posible reincorporación del complejo al patrimonio público. Un año después, el Gobierno, con el apoyo del Parlamento de Galicia, presentó una demanda contra la familia del dictador para recuperarlo.

La Abogacía del Estado basó su defensa en una escritura de compra fechada el 3 de agosto de 1938 con la que quiso demostrar en el juicio que la compra de Meirás por parte de Franco se llevó a cabo a través de un proceso irregular. Ese documento demostraba que el contrato de venta del complejo, que fue suscrito en 1941 por Franco, fue "fraudulento" y una "simulación", puesto que ya se había convertido en su residencia tras adquirirlo por una cuestación popular nada exenta de controversia.

Dicha cuestación fue precisamente la prueba presentada por la defensa de los Franco para confirmar la titularidad de la propiedad, argumentando que fue una "generosa donación" –así lo afirma la Fundación Francisco Franco– de los vecinos gallegos, y no el resultado de "un expolio" a los mismos a través de la llamada 'Junta Provincial Pro-Pazo del Caudillo'. Este organismo, creado en 1937, envió una carta a todos los ayuntamientos de la provincia coruñesa para explicarles cómo debían lograr que esos vecinos dieran su "donativo" para la compra del Pazo de Meirás.