Documento PSOE-Unidas Podemos: este es el pacto de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

PSOE y Unidas Podemos llegan a un principio de acuerdo para la formación de un Gobierno progresista de coalición tras las elecciones generales del 10 de noviembre. Los 120 diputados del PSOE y los 35 de Unidas Podemos darán su 'sí' a un Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias como vicepresidente.

Precisamente la vicepresidencia de Pablo Iglesias sería uno de los puntos claves del pacto entre ambas formaciones. Pese a que el líder socialista vetó a Iglesias durante las negociaciones de Gobierno tras el 28A, esta vez el cabeza de lista de la formación morada entraría en el Gobierno como vicepresidente.

Resulta inevitable pensar en la investidura fallida del pasado mes de julio, cuando la oferta del PSOE consistía en una vicepresidencia social ocupada por Irene Montero y tres ministerios en manos de Unidas Podemos. El plan no llegó a puerto al considerar desde la formación morada que las tres carteras en cuestión estaban "vacías de contenido". Y pese al último intento de Pablo Iglesias reclamando desde la tribuna del Congreso competencias en las políticas activas de empleo, el siguiente paso parecía ya escrito: repetición electoral el 10N.

Ahora, dos días después del cierre de urnas, PSOE y Unidas Podemos se apresuran a firmar un preacuerdo de Gobierno sin vetos que facilite una formación de Gobierno progresista sostenido en varios puntos de acuerdo entre ambas formaciones. A saber:

1.- Consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad.

2.- Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. Proteger los servicios públicos, especialmente la educación – incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años-, la sanidad pública y la atención a la dependencia. Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida. La vivienda como derecho y no como mera mercancía. Apostar por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del sector. Recuperar talento emigrado. Controlar la extensión de las casas de apuestas.

3.- Lucha contra el cambio climático: la transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales.

4.- Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as. Impulsar la reindustrialización y el sector primario. Facilitar desde la Administración las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo, así como el impulso digital.

5.- Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad.

6.- Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector. Fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida.

7.- Políticas feministas: garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una Ley de igualdad laboral.

8.- Revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada.

9.- Garantizar la convivencia en Cataluña: el Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles.

10.- Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero.