Empieza la fiesta judicial para Alvise Pérez: las tres imputaciones que le amenazan

Si alguien está acostumbrado en España a pisar los tribunales como demandado por su irrefrenable afición a difundir bulos, practicar señalamientos en redes sociales y violentar la intimidad de dirigentes políticos -preferente y exclusivamente de izquierdas-, ese es Luis 'Alvise' Pérez. Y todo apunta a que su camino por los juzgados continuará siendo muy intenso en el futuro, pero en estos próximos meses en procedimientos penales que tendrá que instruir el Tribunal Supremo, por su condición de eurodiputado, y bajo la consideración de investigado.

La fiesta judicial para el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), la agrupación de electores que se alzó con tres escaños en las últimas elecciones europeas con un discurso antisistema situado a la derecha de la extrema derecha de Vox, se salió de madre el mismo día que su antiguo socio financiero, Álvaro Romillo, decidió acudir a la Fiscalía General del Estado para revelar que le entregó 100.000 euros en metálico que el propio eurodiputado ha reconocido que no iban acompañados de factura y entregarle un demoledor intercambio de mensajes en los que el propio Pérez admitía que su objetivo era conseguir fondos al margen del control del Tribunal de Cuentas.

El primer análisis realizado por la Secretaría Técnica del Ministerio Público apunta a un delito de financiación ilegal, que no estaría castigado con penas de cárcel al quedarse justo en el límite de 100.000 euros establecido por la ley. En ese caso, la multa a la que se enfrentaría podría llegar al quíntuplo de esa cantidad, lo que alcanzaría el medio millón de euros. Muy lejos del 25 por ciento (25.000 euros) que el propio Alvise asumió en su canal de Telegram como supuesto pago por aceptar la transferencia sin factura.

La Fiscalía del Tribunal Supremo, dirigida por la número 2 de la carrera, María Ángeles Sánchez Conde, también tendrá que decidir si atribuye al eurodiputado un delito de blanqueo de capitales, castigado con penas de hasta seis años de cárcel en el tipo básico; y otro de cohecho, que conlleva penas de entre dos y cuatro años de cárcel e inhabilitación para cargo público por un periodo de hasta nueve años.

Fuentes jurídicas consultadas por laSexta apuntan que la actuación de Alvise Pérez podría ajustarse a lo tipificado en el artículo 420 del Código Penal, al recibir los 100.000 euros a cambio de prometer en los mensajes que maneja la Fiscalía una legislación más favorable para los clubes de criptomonedas, en el caso de que sus votos fueran imprescindibles en una hipotética mayoría parlamentaria con PP y Vox.

Robo y difusión de la imagen de la hija de Pedro Sánchez

La segunda mala noticia que el difusor de bulos ha recibido esta semana le ha llegado de la Audiencia Provincial de Sevilla que, al acoger un recurso presentado por la Fiscalía, ha decidido reabrir la causa que el Juzgado de Instrucción número 1 instruyó por un delito de revelación de secretos después de que robara una fotografía de una de las hijas de Pedro Sánchez de su cuenta cerrada de Instagram, la difundiera sin permiso mostrando su cara durante unos minutos por su canal de Telegram y revelara el colegio en el que se encontraba cursando sus estudios.

A los pocos minutos, el eurodiputado borró la fotografía y volvió a publicarla tapando la cara de la joven con un emoticono, pero para entonces la imagen ya había sido replicada decenas de veces en varias redes sociales junto a mensajes insultantes, vejatorios y machistas.

El tribunal considera que, aunque se trate de "una foto aséptica, simple, donde aparece la persona en una actitud o postura normales, sin ningún tipo de connotación, y con el fondo neutro del que no se puede deducir su localización, en este caso, un parking", el hecho de que se presentara con "la información de su nombre y su filiación, con las características que tiene el presente caso por tratarse de la hija del actual presidente del Gobierno, sí supone un dato que pudiera técnicamente calificarse de reservado de carácter personal".

Con la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla, Pérez tendrá que declarar como investigado por revelación de secretos en las próximas semanas, aunque el trámite podría demorarse por la obligación que tendrá el alto tribunal de solicitar un suplicatorio al Parlamento europeo para poder proceder penalmente contra él.

Amenazas a una jueza de Sevilla

Este mismo mes de septiembre, la jueza de Instrucción número 18 de Sevilla, María José Moreno, dedujo testimonio contra Alvise Pérez y puso en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo dos mensajes de Telegram que, a su juicio, podrían ser constitutivos de un delito de amenazas y represión de la función jurisdiccional, castigado con penas de entre uno y cinco años de cárcel.

En sus comunicados, el eurodiputado daba "24 horas" a la jueza para que rectificara el auto de detención de Vito Quiles, integrante de su candidatura y activista de extrema derecha que se hace pasar por periodista, y añadía que, si no sustituía esa orden por una de averiguación de su paradero, publicaría "cosas sobre la definición del término 'soborno'".

La jueza anuló y modificó el auto tras constatar que la detención se había incluido por error al haberse redactado sobre otra resolución anterior utilizada como modelo, pero al mismo tiempo puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía del alto tribunal al entender que podrían ser constitutivos de delito.