El ex fiscal general pide anular su condena y acusa al Supremo de "secuestrar" su "posibilidad de emitir desmentidos"

La Abogacía del Estado, en representación del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes un escrito ante el Tribunal Supremo en el que pide la nulidad de la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

En el escrito, a que ha tenido acceso laSexta, se defiende que la "construcción doctrinal" sostenida por el Tribunal Supremo "comporta, en la práctica, un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada, vaciando de contenido su función constitucional de información y defensa de la legalidad ante la ciudadanía y generando un efecto amedrantamiento evidente (chilling effect) en los términos reiteradamente censurados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

A su juicio, "no resulta compatible con el artículo 20 de la Constitución ni con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que una misma actuación sea considerada por dos Magistradas de la Sala Segunda, para quienes «informar a la opinión pública de que esto no había sido así, era no solo una opción legal, sino la única opción legal» (voto particular, folio 238, párrafo segundo), como una respuesta jurídicamente obligada en un Estado de Derecho, mientras que para la mayoría esa misma actuación sea elevada a la categoría de ilícito penal".

El pasado mes de diciembre, la Fiscalía ya presentó un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a dos años de inhabilitación por revelación de secretos a Álvaro García Ortiz. En aquel documento, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostenía que los jueces de la Sala de lo Penal ignoraron "sin explicación alguna" las pruebas que exoneraban al que fuera fiscal general del Estado, y que su resolución vulneraba derechos fundamentales del que fuera máximo representante del Ministerio Público.

Así, la fiscal denunció que los magistrados realizaron una "incompleta selección de los hechos" al omitir los testimonios clave de los periodistas que en su declaración en calidad de testigo aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general. Según la Fiscalía, la sentencia prescindía de pruebas de descargo que demostraban que la información ya era pública cuando llegó a manos de García Ortiz.

Asimismo, Sánchez Conde también señaló a la Sala de lo Penal por introducir un "hecho novedoso que trastoca de modo radical el objeto del proceso" al considerar delictivo un comunicado de la Fiscalía sobre el caso de los delitos fiscales reconocidos por González Amador, algo que no se debatió ni imputó durante la instrucción. Además, criticó que el Supremo creó "un tipo delictivo" al penalizar la difusión de información que ya no era secreta, excediendo los límites marcados por el Código Penal.

Por todo ello, la teniente fiscal calificó como "difícilmente entendible" e infundada la indemnización de 10.000 euros impuesta a Álvaro García Ortiz, así como la condena al pago de las costas de la acusación particular. Ahora, la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, ha pedido la nulidad de la sentencia, esgrimiendo los motivos por los que considera que el Supremo debería revocarla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.