El fiscal general vuelve a recurrir la fianza que el Supremo le rebajó de 150.000 a 75.000 euros

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido el auto en el que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado rebajó de 150.000 a 75.000 euros la fianza que le impuso para asegurar las responsabilidades que tendría que afrontar en caso de ser condenado. Según han contado fuentes jurídicas a laSexta, la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, considera que tanto esta fianza como la inicialmente impuesta, que ascendía a 150.000 euros, deberían ser revocadas.

En este sentido, en el auto al que ha tenido acceso esta cadena, se argumenta que el fiscal general del Estado "goza de una exención legal que le dispensa de prestar fianzas, depósitos, cauciones o cualquier otro tipo de garantía procesa cuando es demandado o acusado por actos presuntamente cometidos en el ejercicio de sus funciones oficiales".

De hecho, se recuerda a la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal -instancia jerárquicamente superior al magistrado- que este tipo de exención "es aplicada de forma habitual en la práctica judicial (...) a funcionarios defendidos por la Abogacía del Estado". Además, subrayan que "se trata de una práctica de constante observancia, precisamente destinada a garantizar la protección jurídica de quienes actúan en nombre del Estado"

En esa línea, también sostienen que en todo caso la responsabilidad civil sería del Estado. Precisamente, "en el escrito de acusación formulado por la representación de don Alberto González Amador se renuncia de manera expresa a la responsabilidad civil subsidiaria del Estado", reza el auto de la defensa de García Ortiz.

Una "apreciación caprichosa" que no debería superar los 42.000 euros

Asimismo, la Abogacía del Estado considera que la "ausencia de fundamentación deja la cuantía en el terreno de la arbitrariedad", así como que "convierte la cifra impuesta en una apreciación caprichosa y carente de la debida prudencia". En este punto, se recuerda una sentencia del Supremo en la que, según este auto, se recoge que "en materia de daño moral 'una valoración genérica puede ser suficiente', pero no cabe recurrir a fórmulas vacías del tipo 'alguna-cantidad-habrá-que-poner'".

También en cuanto al polémico cálculo del juez Hurtado, la defensa del fiscal general del Estado contempla que una vez "eliminado dicho componente de la multa (...) muestra que las responsabilidades pecuniarias por todos los conceptos (...) estaban implícitamente estimadas como adecuadas en 42.000 euros".

A vueltas con la fianza del fiscal

Hace solo dos días, el magistrado decidía la rebaja tras abrir juicio oral contra él por un presunto delito de revelación de secretos en un auto dictado el pasado 9 de septiembre y después de que la defensa de Alberto González Amador presentara un recurso de reforma. En él, se solicitaba corregir el error material de integrar la multa contemplada para el delito en el cálculo de los 150.000 euros establecidos inicialmente.

Si bien el instructor no respondía a dicho recurso, porque el trámite para ello está en curso, afirmaba haber introducido un elemento que no fue tenido en cuenta cuando se fijaron esos 150.000 euros. De esta manera, se limitaba a hacer la rebaja que aseguraba entender "oportuna en atención a esa nueva circunstancia, dejando para el debate del recurso el resto de las consideraciones".

Eso sí, horas antes de esta decisión del magistrado, García Ortiz ya había aportado al Supremo un aval de 150.000 euros para cubrir la fianza pecuniaria impuesta, habiendo afianzado parte de su patrimonio, al no disponer de ese dinero en sus cuentas bancarias. Algo que, sin embargo, no eximía de que recurriera la fianza al considerarla proporcionada.

De 150.000 a 300.000

Sin embargo, todavía queda por resolver otro recurso de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el que solicitaba que se elevara la fianza del fiscal general de 150.000 euros a 300.000 por los "daños morales" sufridos.

Una decisión que argumentaban en que varios dirigentes políticos como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, o su homólogo en Transformación Digital y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, le llamaran "defraudador confeso". También menciona la defensa del empresario a la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, así como la vocal de Más Madrid, Manuela Bergerot. En este punto, cabe destacar que el Alto Tribunal ya rechazó una demanda del empresario contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por este comentario.