El Gobierno de Armengol certificó que las mascarillas del 'caso Koldo' eran "satisfactorias" dos meses después de retirarlas

El Gobierno de Armengol emitió un certificado a la empresa de la trama Koldo, 'Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L', en el que avalaba que había realizado "suministros de manera satisfactoria" por un importe de 3,7 millones de euros, tal y como ha podido adelantar 'El Confidencial'.

El informe, firmado por Antonio Mascaró Crespí, subdirector de Compras y Logística del Servicio de Salud de las Islas Baleares, data del 12 de agosto de 2020, dos meses después de que el Ejecutivo regional retirara las mascarillas por su mala calidad en junio de 2020. A pesar de ello, el Govern no lo reclamó hasta marzo de 2023, tres años después.

El certificado añade que, "a petición del interesado y sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia", se expide el documento para que "surta efectos de participación en concursos públicos".

En este sentido, fuentes del Govern de Armengol han explicado a laSexta que nunca dijeron que las mascarillas no eran satisfactorias o inservibles, sino que no servían para su uso en hospitales, que era el uso que en un primer momento deseaba darles el Ejecutivo regional.

Este mismo jueves, fuentes del entorno de Francina Armengol han asegurado también que la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso nunca habló con José Luis Ábalos de las mascarillas ni recibió presiones del exministro para que su Govern no reclamara la devolución del dinero por el material sanitario adquirido, cuya calidad era inferior a la acordada.

Así lo han trasladado desde el entorno de Armengol después de que el juez haya situado a Ábalos como "intermediario" en las gestiones de la empresa bajo sospecha para evitar que prosperase la reclamación del Govern balear. Según el sumario, se habrían producido "conversaciones que reafirman la influencia que estaría ejerciendo Koldo [García, el exasesor de Ábalos] para que la reclamación de Baleares no prosperase a través de dos personas distintas y por lo tanto, favorecer a Soluciones de Gestión y a su titular real, el investigado Juan Carlos Cueto".

Este mismo martes, la ahora presidenta de la Cámara Baja aseguraba que los contratos de emergencia que firmó su Ejecutivo fueron legales y que "reclamó en tiempo y forma que esa empresa devolviera una parte del dinero". Además, aseguró que se informó al siguiente Gobierno de la existencia de ese expediente al hacer el traspaso de competencias. Sin embargo, Javier Ureña, director del Servicio de Salud de Baleares, ha asegurado que estuvo en "los dos traspasos" y que en ninguno de ellos se mencionó el expediente del caso.