Investigación
El Tribunal de Cuentas ve indicios de uso indebido de fondos en la compra del ático del Gobierno de Ayuso
¿Por qué es importante? En un auto, la magistrada cree que es necesario determinar si los 6,3 millones de euros que se destinaron a la compra del inmueble pudieron constituir una salida de fondos públicos "carente por completo de justificación legal".
Resumen IA supervisado
La consejera del Tribunal de Cuentas, María del Rosario García, ha designado un instructor para investigar el uso de fondos públicos en la compra del ático de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La magistrada ha rechazado archivar el procedimiento solicitado por la Comunidad y Planifica, señalando que es necesario determinar si los 6,3 millones de euros destinados a la compra constituyeron una salida de fondos públicos sin justificación legal. Además, cuestiona la memoria de necesidad de la empresa Planifica, realizada tres meses después de la escritura, y considera la segunda tasación de octubre y otros indicios.
* Resumen supervisado por periodistas.
La consejera del Tribunal de Cuentas María del Rosario García ha nombrado un instructor para que investigue el uso de fondos públicos en la compra del ático del Gobieno de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
En un auto, la magistrada, además de rechazar el archivo del procedimiento que pedía la Comunidad y la empresa Planifica Madrid, eleva las actuaciones porque ve necesario determinar si los 6,3 millones de euros que se destinaron a la compra del ático pudieron constituir una salida de fondos públicos "carente por completo de justificación legal".
Señala, además, que la memoria de necesidad que hizo la empresa es de julio, tres meses después de la escritura, y que Planifica es medio propio y su actuación requiere encargo previo del Consejo de Gobierno. La consejera tampoco acepta el argumento de que no hubo sobreprecio: tiene en cuenta la segunda tasación de octubre, los indicios sobre el cerramiento ilegal de la terraza y la licitación de venta desierta.
Así, dice que de las denuncias se aprecia cierto panorama indiciario, como que la adquisición del ático sea ajena a los fines legalmente previstos, pudiendo constituir en su caso una inversión por el importe de 6.300.000 euros carente de justificación y como tal calificable como alcance contable, y a la consideración de un eventual sobreprecio.
El auto s especifica que se observa que los actores públicos y denunciantes han aportado elementos indiciarios suficientes para poder considerar que la adquisición del inmueble cuestionado en esta acción pública pudiera en su caso haber ocasionado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid.
"Prórroga de la venta"
La empresa pública Planifica puso hace unos días en venta de forma permanente el polémico ático de General Martínez Campos 35, en el barrio de Chamberí, que compró en abril por 6,3 millones de euros y que ya intentó enajenar sin éxito en una primera licitación que quedó desierta, después de que no haya constatado de nuevo ofertas para su compra. Era la segunda vez que se quedaba sin comprador.
La mesa técnica acordaba así la prórroga de venta del piso, que mantiene el mismo precio de salida que en ese proceso, 6.694.201 euros más impuestos, tras haber certificado que no se presentó ninguna oferta dentro del plazo inicial de vigencia de la oferta una vez concluido el pasado 21 de octubre el plazo de presentación.
Planifica compró el inmueble en abril, pero la operación no fue revelada hasta que 'El País' la sacó a la luz el pasado 29 de julio. El Ejecutivo madrileño sostuvo que el inmueble iba a utilizarse como despacho temporal, mientras estaba en obras la Real Casa de Correos. Sin embargo, al conocerse la polémica, anunció que vendería el piso con el objetivo de destinar esos fondos a la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste.
Según la documentación que publicó la Comunidad de Madrid, el fin del ático consistía en disponer "un inmueble institucional" con una zona de trabajo y "un área de descanso", y que sirviera como "alojamiento ocasional" para autoridades de la región o que estuvieran en visita oficial.