El Gobierno decide desclasificar el auto judicial sobre el espionaje a Pere Aragonés

El Gobierno ha acordado desclasificar la documentación secreta relativa a la intervención del teléfono del entonces vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, a través del programa Pegasus.

Según ha podido saber laSexta, el Consejo de Ministros ha autorizado la desclasificación de estos papeles secretos por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, que el espionaje con el software maligno en el teléfono de Aragonès, solicitó en noviembre al Consejo de Ministros, a través de un suplicatorio, la desclasificación de esa información reservada sobre el uso del software Pegasus por parte del CNI sobre Aragonès, antes de tomar declaración como investigada a la exdirectora del centro de Inteligencia Paz Esteban.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz Pilar Alegría, ha anunciado que no descartan la comparecencia de responsables del anterior Gobierno. "El PP cuando está en el Gobierno persigue a sus oponentes y cuando está en la oposición pide ilegalizar partidos. Hay un silencio clamoroso de Feijóo sobre este asunto", ha denunciado la socialista.

También ha puesto en valor que fue el Gobierno de Sánchez el que "puso en manos de la Justicia" este asunto, defendiendo la necesidad de la máxima colaboración. "El Gobierno ha hecho una desclasificación parcial que en ningún caso afecta a la seguridad nacional. Lo que sí afecta a la seguridad nacional es la actuación del PP", ha sentenciado.

Hace un mes, el propio Aragonès señaló al CNI por el espionaje a su móvil con el programa Pegasus, entre julio de 2018 y marzo de 2020, cuando él era vicepresidente de la Generalitat y ERC estaba enfrascada en negociaciones políticas relevantes, como la investidura de Pedro Sánchez o la mesa de diálogo. Así lo aseguró el presidente catalán en su comparecencia ante el juez para ratificar la querella que había presentado a principios de julio y fue admitida en octubre, contra el grupo israelí NSO que comercializa Pegasus y la exdirectora del CNI, que fue destituida meses antes por el Ejecutivo tras la polémica por el espionaje a líderes independentistas, así como al presidente del Gobierno y varios ministros.

Aragonès detalló al juez haber sido víctima de tres ataques a su móvil los días 4, 5 y 13 de enero de 2020 -coincidiendo con la investidura de Sánchez-, pero un informe pericial posterior amplió a entre julio de 2018 y marzo de 2020 el tiempo en que el teléfono pudo estar infectado. El presidente catalán recordó que Paz Esteban, cuya declaración ante el juez prevista para diciembre se aplazó, ya apuntó en mayo en el Congreso que este espionaje se llevó a cabo con el aval del juez del Tribunal Supremo responsable del control de los servicios secretos españoles.

Sin embargo, el alto tribunal rechazó facilitar al juzgado estos autos que avalaban al CNI el uso de Pegasus, ya que el Gobierno no había desclasificado aún esa información, considerada reservada o secreta. El Ejecutivo siempre se ha mostrado abierto a la desclasificación de esta documentación secreta si el juez lo solicitada y si estas actuaciones eran conforme a la legalidad.