Junts votará "no" a los tres decretos del Gobierno, incluyendo la subida de las pensiones y las ayudas al transporte

El Gobierno de Pedro Sánchez arranca el año parlamentario con una prueba de fuego en la que vuelve a medir su capacidad de negociación con sus socios este miércoles en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados. Una sesión en la que se someten a votación tres decretos económicos cuya salida adelante depende, de nuevo, del 'sí' de Junts per Catalunya, pero también de la abstención de los 'populares'. Formación liderada por Carles Puigdemont de la que también dependen unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Las amenazas lanzadas desde los neoconvergentes han sido continuas, aunque en los últimos tiempos se han acuciado con la suspensión de las negociaciones sectoriales con los socialistas. A pesar de que en un principio se desconocía el sentido de voto de ambas formaciones, al mediodía y a pocas horas de que se celebre la votación se ha confirmado su negativa al escudo social un diputado de Junts ha confirmado a laSexta que su grupo votará en contra del decreto ómnibus, también conocido como escudo social.

Si bien la portavoz su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, ha confirmado desde la tribuna que ese 'no' también será para los otros dos decretos. Desde allí también ha acusado al Gobierno de "trilero": "Mientras ustedes no cumplan, no cuenten con Junts". Palabras a las que ha añadido que su formación ha "actuado con lealtad a Cataluña".

De hecho, no respaldar estas medidas ya había sido adelantado por su líder, Carles Puigdemont, aunque de forma velada. En su última rueda de prensa, se dirigió al Gobierno asegurándoles que "si hay que convalidar decretos" no les "busquen". Eso sí, desde el Gobierno mostraban desde primera hora que confianza en que no decayese, al menos, el paquete de medidas entre las que se incluyen cuestiones como la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte público, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, ayudas a los afectados por la DANA o la prohibición de cortes de suministros básicos a personas vulnerables.

Asimismo, estas fuentes de Moncloa sostenían ante laSexta horas antes de iniciarse el pleno que se estaba "hablando con todos", incluidos Junts, pero también el Partido Popular (PP). Un extremo que ha desmentido la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo. No obstante, desde el Ejecutivo insistían en que el único motivo para tumbar este decreto sería "por darse el gusto", al considerar que "van muchos temas importantes".

Una línea que también ha mantenido el vocal parlamentario del PNV, Aitor Esteban, quien ha lamentado que "hay discrepancias de algunos partido que no tienen que ver". Unas palabras que previsiblemente se refieren al enfrentamiento entre ambas formaciones a raíz de la cesión del palacete sede del Instituto Cervantes en París a la formación nacionalista vasca, y cuya aprobación también va incluida en el decreto ómnibus. Precisamente, Nogueras ha instado al Ejecutivo a presentar un decreto con únicamente la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público.

Eso sí, tanto el portavoz socialista parlamentario, Patxi López, como otros miembros del ala socialista del Gobierno han insistido que Junts y PP "tendrán que explicar por qué quieren bajar el salario mínimo o están en contra de las ayudas a la DANA y al transporte público". Por ejemplo, el ministro Óscar López aseguraba en una entrevista televisada que "es difícil" oponerse a estas medidas.

La caída del impuesto a las energéticas

Respecto al decreto que busca prorrogar el gravamen a las energéticas, el cual defenderá la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y ahora también líder socialista del PSOE andaluz, María Jesús Montero, no hay duda de que contará con el voto en contra de Junts y PNV, además del 'no' de la bancada 'popular' y la de Vox. Si bien esta situación no ha evitado el enfado de Podemos, que llegó a un acuerdo con el Gobierno para que lo aprobara a cambio de apoyar su reforma fiscal.

No obstante, esta tasa ya se aplicaba el año pasado, aunque quedó derogada con la entrada en vigor, precisamente, de la reforma fiscal ya que incluía una disposición a instancias del PP y apoyada por Vox, PNV y Junts para dejar sin efecto el gravamen que se aplicaba en 2024. Con ese escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió aprobar una nueva vía decreto en el último Consejo de Ministros del año para el ejercicio de 2025, tal como prometió a ERC, Bildu y BNG.

El PP, a favor de pensiones y empleo

En cuanto al tercer decreto, el referido a la reforma de las pensiones que contempla la compaginación de la prestación con el empleo, es apoyado por el principal grupo de la oposición -el PP-, pero no por los socios parlamentarios del Ejecutivo. En concreto, son Bildu, Podemos y BNG quienes ya han adelantado su sentido de voto respecto a esta norma al alegar que en la práctica supone alargar más la edad de jubilación e incluye recortes.

Por su parte, fue el propio líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, quien avanzó el apoyo de su formación a este decreto, que mejora la regulación de la jubilación parcial, activa y demorada y conforma la última parte de la reforma de pensiones que comenzó en la legislatura pasada el exministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. "Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, (...) que es un aval suficiente para que el PP se posicione a favor de ese real decreto ley", indicó Feijóo el pasado martes.

El suplicatorio de Ábalos

El pleno del Congreso también votará en esta sesión extraordinaria el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al exministro y exsecretario general del PSOE José Luis Ábalos por el 'caso Koldo'. Al término de la sesión plenaria se reunirá la Diputación Permanente, donde se debatirán las peticiones de comparecencia de varios ministros solicitadas por el PP.

Aunque la Comisión del estatuto del Diputado, a puerta cerrada, ya apoyó la semana pasada por unanimidad conceder el suplicatorio que había pedido el Alto Tribunal, la decisión debe ser votada en el Pleno del Congreso. Si bien el reglamento dice que el dictamen debe votarse en el siguiente Pleno "ordinario", que no tendrá lugar hasta que arranque en febrero el nuevo periodo de sesiones, fuentes parlamentarias aseguran que los servicios jurídicos de la Cámara han interpretado que esa redacción busca no demorar la votación y, por tanto, no había inconveniente para evitar esperar a febrero.