El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria para cerca de medio millón de migrantes: el proceso y fechas clave

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto para la regularización de las personas migrantes que viven en España sin papeles, con el que planea dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas. El pasado viernes, el Consejo de Estado remitió al Ejecutivo su dictamen sobre este texto; en los últimos días, el Gobierno ha estado trabajando para pulirlo en base a sus consideraciones y el plan es aprobarlo por fin este martes.

En una carta a la ciudadanía, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha defendido que "esta regularización es, ante todo, un acto de normalización", un "acto de justicia" con la propia historia de España. También "una necesidad". "Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena, nuestra capacidad de innovar se debilita y nuestros servicios públicos (sanidad, pensiones, educación) sufren", ha añadido en la misiva.

Los trámites para la regularización arrancarán este jueves 16 de abril de forma telemática y el día 20 de forma presencial, según ha adelantado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista en la Ser. Las citas para acudir presencialmente a las oficinas para realizar los trámites podrán solicitarse también a partir de este jueves. El plazo para solicitar la regularización terminará el 30 de junio de 2026.

La ministra también ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las personas que podrán beneficiarse de este proceso y ha asegurado que habrá tiempo de tramitar todas las solicitudes "vengan las que vengan".

Los requisitos para beneficiarse de la regularización serán encontrarse en situación irregular, estar en España desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado cinco meses de residencia en el país de forma ininterrumpida. Asimismo, podrán optar a él todos aquellos solicitantes de asilo que hayan presentado su solicitud hasta el 31 de diciembre de 2025.

Desde el momento en que se comunique el inicio de la tramitación de la solicitud, el migrante quedará habilitado provisionalmente para trabajar por cuenta ajena o propia hasta que se dicte la resolución definitiva.

No obstante, esta regularización deja fuera a los solicitantes del estatuto de apátrida, que afecta en gran parte al pueblo saharaui. La ministra lo ha explicado en que estas personas no se encuentran en situación irregular y disponen de un estatuto específico en base a su situación. Lo que no significa, ha precisado, que haya "desprotección" o se vaya a dar la espalda a este colectivo, al igual que el proceso que se aprueba este martes no está dirigido a los ciudadanos ucranianos que huyeron de la guerra porque estos cuentan con el mecanismo de protección temporal.

La cuestión de los antecedentes penales

El Gobierno ha eliminado del texto del Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes la posibilidad de que los solicitantes acrediten ausencia de antecedentes penales mediante una declaración responsable cuando no puedan hacerlo por otra vía.

Esta modificación por parte del Ejecutivo tiene lugar después de que el Consejo de Estado, en su dictamen, considerase que recurrir a la declaración es una técnica "inadecuada" para un proceso "masivo", ya que "permite relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir a los beneficiarios de ese proceso y que abre la puerta a prácticas poco rigurosas e incluso irregulares en el cumplimiento de un requisito de carácter general exigido por la Ley Orgánica de Extranjería".

En el borrador del decreto, el Gobierno establecía que, con carácter excepcional, si el interesado acreditase haber solicitado el certificado de antecedentes penales de las autoridades del país de origen o de aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años, y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Ejecutivo español, previa solicitud al efecto, podría recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondientes.

Así, indicaba que, en caso de no recibir dicha información en el plazo de un mes, la Administración comunicaría esta circunstancia al interesado, que podría presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. Esta última opción ya no será posible. Del mismo modo, en el nuevo texto se destaca la validez de pasaportes caducados para iniciar el proceso.

Capacidad de los equipos que tramitarán los papeles

Será la Unidad de Tramitación de Extranjería dependiente del Ministerio la que resolverá todos los procedimientos. "Tenemos un procedimiento que está absolutamente dimensionado con equipos reforzados", ha garantizado la ministra Saiz al ser preguntada por la capacidad de los equipos para tramitar el volumen de solicitudes que se espera en las próximas semanas.

"A lo largo de todo el territorio del país, a través de las oficinas de Correos, de la Seguridad Social, con unos cauces específicos y reforzando plantillas para que se pueda dar respuesta a todas las solicitudes en tiempo y forma", ha indicado la ministra quien ha insistido en que será un proceso "eficaz".

Ha asegurado, asimismo, que en la página web del ministerio se colgará un manual con preguntas y respuestas y se informará de horarios de oficinas. Además, las personas interesadas podrán obtener información a través de las más de 200 entidades colaboradoras en materia de extranjería y "tendrán capilaridad para llegar a dar toda la información oficial". Ha advertido, asimismo, de los bulos y ha pedido que se recurra siempre a información contrastada.

Un largo camino para aprobar esta regularización

Fue el 26 de enero cuando el Gobierno anunció que aprobaría esta medida, que supondrá un antes y un después en la vida de cientos de miles de personas al recoger el espíritu de la iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso avalada por más de 600.000 firmas y después quedó bloqueada por falta de acuerdo político.

El texto ha pasado por varios borradores y ha estado sujeto a cambios hasta el último momento, como los llevados a cabo a raíz del dictamen del Consejo de Estado. Aunque, en términos generales, el dictamen del Consejo de Estado avaló la medida por su potencial integrador y los beneficios que supondrá para el conjunto del país, también hizo algunas observaciones para mejorar el texto, una de ellas sobre la flexibilidad que ofrece para acreditar la ausencia de antecedentes penales.

El borrador recogía que, de forma excepcional, si un potencial beneficiario no consigue su certificado de antecedentes penales en el plazo de un mes, lo podrá recabar el Gobierno de España y, si este no lo consigue en otro mes, bastará con aportar una declaración responsable del interesado.

Sin embargo, el órgano consultivo advirtió que la fórmula de la declaración responsable resulta "inadecuada" para un proceso que afectará a un número muy elevado de personas y permite "relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir a los beneficiarios de ese proceso".

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