Anuncio en el BOE
El Gobierno retirará de la fachada de Exteriores los escudos con simbología franquista
Así se recoge en el Boletín Oficial del Estado, donde se confirma la puesta en marcha del contrato de obra para la eliminación de los vestigios franquistas en este espacio, tal y como dicta la ley.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), organismo dedicado a la exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y a investigar los crímenes del franquismo, ha celebrado este miércoles el anuncio incluido en el BOE de la retirada de símbolos franquistas de la fachada del edificio del Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una irregularidad denunciada desde hace casi dos años, según han advertido.
"El 20 de noviembre de 2020 exigimos por registro al Ministerio de Asuntos Exteriores la retirada de escudos franquistas en su fachada porque una administración pública prevarica si incumple la ley. Hoy, la retirada está en el BOE", ha subrayado la asociación memorialista en un mensaje publicado en Twitter, en el que también han adjuntado una imagen del parte estatal que deja constancia del contrato de obra autorizado para quitar esos vestigios de la dictadura.
Según consta en el Boletín Oficial del Estado, el coste de esta obra, adjudicada el pasado 5 de mayo a la empresa Servicios generales constructivos 2020 S.L., es de casi 88.000 euros (en concreto, 87.913,43), habiendo sido esta la única oferta recibida por la Dirección General del Servicio Exterior (órgano directivo de la Subsecretaría del Ministerio de Exteriores) para la realización de este trabajo.
En concreto, se trata de dos escudos que se conservaban en la fachada de Exteriores hasta ahora, ambos con la famosa Águila de San Juan, símbolo con una larga vida en la historia de España y con el que Francisco Franco quiso presentar la imagen de unidad y del carácter nacional-católico de su régimen dictatorial. Este elemento se incluyó como soporte del escudo de nuestro país en los modelos de 1938 y 1945, y se mantuvo incluso después de la muerte del líder del régimen, en 1977, con diferentes formas. Fue en 1981 cuando se eliminó, adoptándose la forma actual.
Cuando se presentó la denuncia, en noviembre de 2020, coincidiendo con el 45 aniversario de la muerte de Franco, desde la ARMH también se reclamó una investigación por el uso de vajilla con simbología franquista en delegaciones diplomáticas de España en el extranjero; una denuncia para la que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica también facilitó imágenes de dicha vajilla, en la que se puede ver un símbolo similar al de los escudos que se retirarán de Exteriores, y que el Gobierno retiró finalmente un año después (junto a símbolos de la II República).
Si un pueblo tiene un dirigente golpista en el nombre, la ley será clara: se quita"
Lo cierto es que España mantiene un serio problema con el cumplimiento de la ley relativo a esta cuestión. Inscripciones, placas, nombres de territorios, calles, plazas y hasta estatuas con algún tipo de representación del régimen fascista impuesto en España el siglo pasado siguen aún visibles en distintos rincones del país. Aunque la Ley de Memoria Histórica obliga a su retirada en todos aquellos edificios y espacios de carácter público -con algunas excepciones-, pocas son las administraciones que a día de hoy han puesto en marcha dispositivos para su eliminación.
Es decir, a pesar de que ser una ley de aplicación nacional, y por supuesto de obligado cumplimiento, no todas las comunidades autónomas han adquirido el mismo nivel de compromiso para con esta cuestión. Ya hace un año y medio el secretario de Estado de Memoria Democrática fue tajante en una entrevista concedida a laSexta: "A través de siete artículos se establecen con claridad los elementos contrarios a la memoria democrática, y las leyes están para cumplirlas desde el primer hasta el último punto geográfico del Estado español".
Para dejar clara su posición, manifestó esta con un ejemplo representativo de algo que no se cumple aún: "Si un pueblo tiene la toponimia de un dirigente golpista y todavía se plantea si se quita o no, porque hay una situación ambigua, la ley es suficientemente clara. Se quita. El ayuntamiento tiene que quitarlo porque lo ordena la ley". Y lo mismo con vestigios franquistas, con una ley aún sin ver la luz que irá más allá en este punto: "Añadimos un régimen sancionador para aquellos que no cumplan".