Grande-Marlaska asegura que habrá acercamientos de presos de ETA "legales" e individualizados

Así lo ha manifestado Grande-Marlaska en la Comisión de Interior del Congreso, donde ha comparecido, a petición propia y del PP, para, entre otros asuntos, explicar esa política, después de que este verano se haya acercado hasta la cárcel de Basauri (Bizkaia) a dos presos etarras arrepentidos que cumplían condena en Asturias.

Se trata de Olga Sanz y Javier Moreno, que habían accedido recientemente al tercer grado y que ya en 2016 fueron trasladados desde centros penitenciarios de Madrid hasta la cárcel asturiana de Villabona, "y nadie dijo nada", ha resaltado el ministro.

Precisamente, Olga Sanz accedió al tercer grado en febrero de este año, cuando aún gobernaba el PP, mientras que en abril, también con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, la Junta de Tratamiento de la cárcel pidió para Javier Moreno el acceso al régimen abierto.

Ambos se habían acogido a la denominada vía Nanclares y habían mostrado arrepentimiento, además de haber progresado de grado, dos de los requisitos que, junto con otros como su participación en programas de reinserción, podrán tenerse en cuenta en cada estudio individualizado de los reclusos susceptibles de acercar.

Grande-Marlaska ha cifrado en 233, 205 hombres y 28 mujeres, los presos de ETA recluidos en cárceles españolas, de los que 203 están clasificados en primer grado (los más peligrosos), 28 en segundo grado u ordinario y dos (los trasladados) en tercer grado o régimen abierto. Serán criterios "objetivos" los que se tendrán en cuenta para cualquier acercamiento.

"Se está trabajando por los profesionales con tranquilidad, de forma individualizada y cumpliendo la ley", ha zanjado. A lo largo de su intervención, el ministro ha instado al PP a que no "inyecte odio" a través de "falacias" sobre la política penitenciaria del Gobierno y a que no se hagan "críticas falsas" ni "se mienta" sobre el traslado de presos.

"Mi compromiso con las víctimas es férreo", ha enfatizado el ministro antes de insistir: "Habrá traslados, pero con criterios de legalidad, individuales y necesarios". Ha reconocido que la política de dispersión fue "exitosa" en la lucha contra ETA, pero ha recordado que ya los dirigentes del PP vasco y el propio exministro Jorge Fernández Díaz apostaron por revisarla, una vez que la banda declaró el cese de la violencia.

Marlaska, quien ha hecho hincapié en que el acercamiento no es un beneficio penitenciario, ha salido al paso de las manifestaciones de algunos grupos al recordarle un auto de 2015, cuando aún ejercía de juez, en el que se oponía a esa medida, y ha dicho que en ese momento ETA no estaba disuelta.

Desde la oposición, Marimar Blanco, del PP, ha atribuido la decisión de acercar presos a los acuerdos con los partidos vascos para la investidura de Pedro Sánchez y ha pedido al ministro que aclare la posición del Gobierno socialista.

Según ella, mientras el jefe del Ejecutivo habla de acercamiento colectivo, Marlaska alega estudios individualizados para llevarlos a cabo. "El Estado de Derecho no le debe absolutamente nada a ETA", ha enfatizado la diputada del PP, en una afirmación que ha compartido el ministro.

Por el PSOE, David Serrada ha defendido la postura de Marlaska y ha acusado al PP de usar el terrorismo como "arma arrojadiza", en tanto que Rafael Mayoral, de Podemos, ha leído unas declaraciones de una víctima de ETA, Roberto Manrique, para censurar que se utilice el dolor de ese colectivo para fines políticos.

Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, ha considerado que con el acercamiento de presos el Gobierno paga "alguna deuda" y cede a los "peajes de los nacionalistas y los bilduetarras", porque en política "nada es gratis".

En su defensa de la medida, el diputado del PNV Mikel Legarda ha coincidido en que el PP ha convertido este asunto en un "arma arrojadiza" y ha recordado que ETA ya ha desaparecido y "no va a volver".

Marian Beitialarrangoitia, de Bildu, ha preguntado al ministro si se va a cambiar la política de "excepción" y se va a repatriar a los presos, ya que, a su juicio, no hay excusas para seguir vulnerando los derechos fundamentales de los reclusos, uno de ellos cumplir condena cerca de su familia.