Tras la denuncia del exabogado

El juez que investiga la financiación de Podemos imputa al secretario de Comunicación y a otros tres miembros del partido

Tendrán que declarar el próximo 20 de noviembre tras las acusaciones de José Manuel Calvente, exabogado de Unidas Podemos, sobre una supuesta financiación irregular.

El titular del juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha imputado al secretario de Comunicación y responsable de campañas de Podemos, Juan Manuel del Olmo, a la gerente Rocío Esther Val, al tesorero Daniel de Frutos y a la trabajadora de la formación Andrea Deodato.

La decisión llega tras la denuncia del exabogado de la formación, José Manuel Calvente, que acusa a Podemos de financiación irregular y de simular contratos con diferentes empresas.

Calvente fue a declarar al juzgado de Instrucción para ratificar su denuncia el pasado 29 de julio y responder a todas las preguntas del juez y del fiscal.

Según fuentes jurídicas, la declaración del exabogado de Podemos se centró sobre todo en el supuesto desvío de 50.000 euros sin justificación de la caja de solidaridad que nutrían los cargos públicos con un porcentaje de sus sueldos.

Calvente explicó los motivos de sus sospechas sobre las irregularidades en algunas contrataciones, como la de la agencia Neurona Consulting en las elecciones de 2019. Además, indicó que había oído que Juan Carlos Monedero cobraba comisiones por la contratación de esta empresa.

Poco después de la declaración del exabogado ha llegado la respuesta del juez. Además, según ha podido saber laSexta de fuentes jurídicas,Podemos está investigado en esta causa.

Deben declarar el 20 de noviembre

El titular del juzgado ha efectuado las citaciones para declarar el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados. También ha citado a dos responsables de la empresa Neurona Comunidad S.L.

Adoptadas medidas cautelares

El juez también ha tomado las siguientes medidas cautelares:

  • Solicita que se remita un mandamiento al Registro Mercantil Central para que informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos órganos de administración se encuentre Juan Carlos Monedero.
  • Pide a Podemos "documentación acreditativa de los trabajos llevados a efecto por ABD Europa Unipessoa LDA y Neurona Comunidad S.L".
  • Pide al partido que presente la normativa interna relativa a los sueldos de los empleados.
  • Solicita también las facturas emitidas por las obras del edificio en la calle Francisco Villaespesa nº 18 de Madrid.
  • Reclama examinar la cuenta adscrita a la Caja de Solidaridad del Partido Podemos, comprobando si se llegaron a pagar los 50.000 euros a la persona física o jurídica que se encontrara detrás de #404 Comunicación Popular.

La imputación ya ha sido notificada y ha causado bastante sorpresa en Podemos.

Podemos sostiene que es una decisión sin indicios

Desde el partido sostienen a José Enrique Monrosi que se basa en una decisión carente de indicios y apuntan que se abre una investigación sin pruebas de delito más allá de la declaración del exabogado, con el que Podemos mantiene una 'guerra abierta'.

La formación señala que "el juez está haciendo una investigación prospectiva, 'a ver qué pesco'".

Podemos asegura que las acusaciones son "falsas"

Podemos insiste en que las acusaciones son "absolutamente falsas", que no hay ni un hecho en el partido relacionado con financiación ilegal. Además, denuncian que lo único que se pretende con esta investigación es un caso mediático, aunque finalmente no acabe teniendo ningún tipo de consecuencia jurídica.

Asimismo explican que es fácilmente demostrable que la empresa Neurona Consulting hizo los trabajos por los que cobró.

Podemos presenta un recurso de nulidad

Además, Podemos ha presentado un recurso de nulidad por indefensión. Pide que se anule la declaración prestada por el exabogado José Manuel Calvente en sede judicial y las posteriores diligencias de investigación acordadas.

El partido alega que al pedir una copia de la grabación de la declaración "únicamente se ha proporcionado grabación de los primeros 41 minutos y 52 segundos [...] no constando la entrega de la grabación del tiempo restante, que deberían ser unas 2 horas y 40 minutos".

Podemos apunta que existe una "evidente indefensión" que "obliga a ejercer a ciegas el derecho de defensa".

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