Jueces de Madrid se reunirán para unificar criterios de la ley del 'solo sí es sí'

Los jueces de las 15 secciones de la Audiencia Provincial de Madrid tienen previsto reunirse el próximo viernes 25 de noviembre para unificar criterios en relación con la revisión de penas por delitos sexuales. Así lo han trasladado fuentes jurídicas a laSexta horas después de descubrirse que la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'permite a condenados aprovechar vacíos jurídicos para rebajar sus penas, lo que ha generado un nuevo cisma en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, ahora dividido por la posible reforma de la recién estrenada ley.

Según han detallado esas fuentes jurídicas a esta cadena, el objetivo de la reunión es dar una respuesta uniforme a los distintos casos en los que la reforma del Código Penal contemplada en la 'ley del sólo sí es sí' pueda aplicarse con carácter retroactivo al ser más favorable para los condenados por delitos sexuales. Cabe recordar que son cinco magistrados por cada sección, y que en todas ellas se pueden estudiar recursos, bien sea de oficio en el trámite de ejecución de la condena o bien a petición de las defensas de los condenados. Por su parte, la Fiscalía General del Estado está estudiando las revisiones de penas, que de momento se van resolviendo caso por caso.

Si se estima necesario, se elaborará una circular para unificar criterios de aplicación de la ley. Esta decisión del bloque judicial se ha conocido tan solo minutos después de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablara sobre esta cuestión desde Bali (Indonesia), donde se encuentra actualmente a razón de la celebración del G20. "La voluntad del poder ejecutivo y del poder legislativo fue claramente reforzar la seguridad de las mujeres. Proteger y dar más garantías frente a cualquier tipo de agresión sexual. Corresponde a tribunales y fiscalía unificar esa doctrina, así que esperamos a que lo hagan para extraer conclusiones. A partir de ahí tendremos que ver qué pasos dar", ha advertido el líder del Ejecutivo.

"Lo que se ha hecho ha sido identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión sexual para que haya condenas más agravadas", ha recordado el líder del Ejecutivo desde territorio indonesio. Es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país, una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo. Pero tenemos que dejar trabajar al poder judicial", ha añadido Sánchez. Más contundente, aunque en la misma línea que el presidente, se ha expresado la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha acusado a jueces de "no estar cumpliendo la ley" por "machismo" y ha anunciado que reforzará la formación judicial en esta materia.

Quieren establecer inseguridad jurídica en las mujeres, focalizando la inseguridad jurídica en errores inexistentes del Gobierno"

"Lo que está ocurriendo es que hay jueces que no están cumpliendo la ley. Nos ha pasado con el régimen de visitas para maltratadores de infancia y nos ocurre ahora con la ley del 'solo sí es sí'. El machismo puede comprometer la imparcialidad de los jueces y ese machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o defectuosa", han manifestado Montero, que ha puntualizado: "Lo que haremos es, bajo esta ley, reforzar la formación de la justicia y, como ha dicho el presidente, que los tribunales unifiquen su criterio y que no hay impunidad para agresores". Una reflexión similar ha expuesto Ione Belarra. La ministra de Derechos Sociales considera que "una parte de los jueces de este país se ha erigido como oposición al Gobierno de coalición y especialmente al Ministerio de Igualdad".

Montero y Belarra no han sido las únicas en intentar despejar la polémica señalando a los jueces. De una forma mucho más crítica se ha expresado Victoria Rosell, magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Según la dirigente, se está creando una "alarma social" que ha venido a definir como "terror sexual", término sobre el que ha ahondado en una entrevista concedida al programa La Cafetera: "Quieren establecer inseguridad jurídica en las mujeres, focalizando la inseguridad jurídica en errores inexistentes del Gobierno. Estamos viendo sentencias sorprendentes, de las cuales los medios no responsabilizan a quienes las dictan, sino al Gobierno, que dictó una ley que no prevé rebajas de las penas máximas y además lo advirtió el CGPJ, que dijo que si rebajábamos las penas máximas había que revisar sentencias".

"El problema no es la ley, sino la formación judicial"

"Esto no ha pasado, ¿qué quería decir el Consejo? Con la ley en la mano, en ningún caso se planteaba que si no bajábamos las máximas fuera a suceder lo de ayer, revisar codenas diciendo barbaridades de tal calibre como que no hemos previsto el sexo con engaño con mayores de 16 y menores de 18", ha denunciado Rosell, recordando que "todo acto sexual sin consentimiento libre, incluido el engaño, es agresión sexual ahora. Que en los casos de un padrastro hay abuso de superioridad porque ese señor dormía con la niña de 13 años a la que obligó a practicarle una felación".

Y ha añadido: "De verdad que se está aplicando deliberadamente en contra de los avances del feminismo. El problema no es la ley". En este sentido, Rosell ha recordado que les "echan en cara que haya un margen de interpretación" cuando, con la ley anterior, se "impuso a dos policías que penetraron a una joven en Estepona dos años de prisión y un curso. El fiscal pedía 33 con la ley anterior que les gusta tanto". Así, ha precisado: "El problema no es el Gobierno, no es la ley del 'solo sí es sí'. No puede ser que estemos creando inseguridad con una ley que hace todo lo contrario, dar seguridad a las mujeres como nunca antes".

"Parece que cualquier cosa vale con tal de hacer daño al Gobierno", ha lamentado la delegada contra la Violencia de Género, que ha añadido: "Si la Audiencia Provincial de Madrid va a celebrar el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres realizando una reunión en la que quieran ponerse de acuerdo en estos criterios para crear una corriente reaccionaria contra los derechos de las mujeres, habrá más casos. Claro que puede pasar, la cuestión es a quién responsabilizamos y por qué está pasando". Y ha zanjado: "Es absurdo decir: 'Revisamos otra vez las penas'. Es que no hay nada que revisar. Lo que hay que revisar es la formación judicial".

Malestar entre socialistas y jueces

Curiosamente, no todos en el Gobierno comparten la visión esgrimida por el presidente Sánchez y que ha avalado la ministra de Igualdad. Si bien en la tarde de este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se abría a estudiar una reforma de la norma tras conocer la polémica, la ministra de Educación, Pilar Alegría, no ha tardado en coger el relevo a su colega, afirmando que es el momento de estudiar y valorar desde el punto de vista legal la ley del sólo sí es sí y evaluar "de manera sosegada" las posibles modificaciones de la norma. El Gobierno va a "mirar y revisar" la ley del sólo sí es sí, y si es necesario mejorarla, "se tendrá que hacer", ha reiterado.

También la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado en una línea crítica con las palabras de Montero, Belarra y Rosell, rechazado las "descalificaciones" a los jueces "con carácter general". "Por lo que a mí respecta, sería un poco prematuro que hiciera una consideración porque no he podido ver las resoluciones. No puedo decir si es una interpretación puntual o una distorsión de la ley", ha apuntado Robles, quien ha aprovechado su intervención para dedicar "elogios" a los jueces, a quienes ha calificado de "serios, profesionales, formados y preparados".

Lo cierto es que existe un informe del CGPJ que advertía que la reducción de los límites máximos de las penas implicaría revisión de condenas. "La reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas conforme la regulación vigente", reza el punto 245 de dicho documento, que ha llevado a cuatro asociaciones de jueces a mostrar su indignación por lo que consideran una "infantil y absurda" por parte de Irene Montero. "Cuando se legisla sin prestar atención a lo que se informa por los órganos que tienen obligación de advertir se corre el riesgo de que pasen este tipo de cosas. Ahora no vale llamar machistas a los jueces. Es infantil y absurdo", ha asegurado Juan José Carbonero, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

A su juicio, no se trata de una "aplicación indebida de la ley por un juez" de forma aislada. "Los magistrados aplican la ley como tienen que hacerlo, en la medida en que no se puede dejar de aplicar la retroactividad. El Consejo General del Poder Judicial les advirtió y nadie les hizo caso", ha explicado. Carbonero ha recordado asimismo que, aunque los "informes no son vinculantes, un legislador responsable debe hacer caso del contenido" de los mismos. "Nos echamos las manos a la cabeza, pero cuando se corre se corre. Y se corre el riesgo de que determinado tipo de cosas no salgan todo lo bien que deberían", ha alertado, en relación a las prisas con las que se sacó adelante la nueva ley.