El juez Aguirre pedirá imputar a Puigdemont por traición para no aplicarle la amnistía

El juez del caso Voloh, Joaquín Aguirre, pedirá imputar a Carles Puigdemont por traición, un delito al que no se puede aplicar la ley de amnistía. El magistrado ha decidido abrir una pieza separada para investigar la injerencia rusa del procés y ha anunciado que elevará una exposición razonada ante el órgano superior competente contra el expresident, dada su condición de aforado.

Este movimiento llega después de que la Audiencia de Barcelona, pocos días antes de entrar en vigor la amnistía, frenara su investigación sobre las supuestas conexiones del independentismo con Rusia.

Ahora, con la ley ya en vigor, el magistrado abre esta nueva pieza separada, también relativa a las conexiones con Rusia, e implica, además de a Puigdemont, al también expresident Artur Mas, a la exalto cargo del Govern Elsa Artadi, al diputado de Junts Francesc Dalmases y al abogado Gonzalo Boye, entre otros investigados.

En su auto, al que ha tenido acceso laSexta, el juez considera que hay "indicios más que suficientes" que justifican la apertura de esta pieza separada para investigar las conexiones con el Gobierno ruso, así como "los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores y las actividades realizadas por éstos".

Sostiene que "habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español" para "influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización, y alteración de la paz social".

Los delitos investigados son los de traición y malversación de caudales públicos. En su auto, el juez señala que "podrían ser delitos conexos con el principal ya que la comisión de éste podría haber sido realizado (al menos en parte) para la obtención de financiación para las actividades del delito de conspiración para la injerencia de país extranjero en territorio español".

Por otra parte, el juez continuará instruyendo la pieza CATmon-Igman únicamente respecto de la malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias en la concesión de subvenciones públicas a ambas entidades. También unirá a esa pieza un clonado de los teléfonos móviles que la Guardia Civil ocupó a varios de los investigados.