El juez del 'caso Koldo' cita a declarar al CEO de Globalia como testigo y a tres altos cargos de Fomento como investigados

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigados a tres altos cargos del Ministerio de Fomento durante la etapa de José Luis Ábalos por su presunta implicación en el 'caso Koldo', según ha podido saber laSexta.

Se trata de Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes que fue cesado por Óscar Puente, quien declarará el próximo 9 de septiembre; Álvaro Sánchez Manzanares, que fue secretario general de Puertos del Estado, que lo hará el 10 de septiembre; y Michaux Miranda Paniagua, director general de Gestión de Personas de Adif. Este último lo hará el 11 de septiembre.

Además, el magistrado ha citado a Javier Hidalgo, CEO de Globalia, a declarar como testigo en el 'caso Koldo' el próximo 12 de septiembre, según han informado fuentes jurídicas a laSexta, que añaden que otras nueve personas también declararán como testigos en el caso.

El instructor cita al CEO de Globalia siguiendo la orden que le dio la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que atendió un recurso de la asociación Liberum. La decisión del juez llega después de que la Sala de lo Penal estimara parcialmente el recurso presentado por la asociación Liberum contra el auto del juez instructor, quien había denegado la práctica de esta diligencia. La asociación Liberum había solicitado la práctica de esta testifical, al igual que la de la CEO de la empresa Wakalua Hub. Sin embargo, la Sala aceptó únicamente la declaración como testigo de Hidalgo.

Frente al juez instructor, que no consideró procedente la citación de Hidalgo, la Sala de lo Penal entiende que se trata de una diligencia "útil y pertinente" para el conocimiento exacto de los términos en los que se han prestado los servicios de transporte de material sanitario, "derivados de un contrato de adjudicación pública (contratos públicos relacionados con la pandemia COVID-19) en las fechas expresadas en los hechos recogidos en la querella, así como el esclarecimiento del pago por tales servicios, incluidas las comisiones, y a quien se pagaron las mismas".

En este sentido, el auto señala que el CEO de Globalia, como alegan los recurrentes, "obtuvo por los servicios de transporte aéreo prestados los pagos pertinentes de la mercantil investigada Soluciones de gestión, y que, al parecer, también pagó una cantidad de dinero en concepto de 'comisión' al investigado Víctor González de Aldama a través de la mercantil MTM 180 Capital S.L.".

Además, el tribunal añade que Aldama está relacionado profesionalmente con Soluciones de gestión, la sociedad adjudicataria del concurso público, que controlaba conjuntamente con el Grupo CUETO, conglomerado empresarial que gestionaba Soluciones de Gestión. Por todo ello, la Sala considera que resultará útil escuchar a Hidalgo para el esclarecimiento total de los hechos denunciados en esta causa.

En lo referente a la CEO de Wakalua Hub, el tribunal rechaza que declare ante el juez instructor, al menos en este momento procesal, ya que considera que, sin perjuicio de sus posibles gestiones para traer mascarillas a España, estas "son ajenas a los contratos vinculados al servicio prestado por Globalia, del que tiene que dar explicaciones el CEO de tal mercantil".

El Supremo dio a la Audiencia Nacional la investigación

La decisión del juez Ismael Moreno de citar a declarar como testigo a Javier Hidalgo se produce solo unos días después de que el Tribual Supremo asignara al Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, y no a la Fiscalía Europea, la competencia para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en distintas administraciones públicas durante la pandemia, conocido como el 'caso Koldo'.

La Sala de lo Penal resolvió así la cuestión de competencia positiva planteado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, y concluyó que la Fiscalía Europea no es competente para investigar los hechos porque no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea.

En el auto al que tuvo acceso laSexta, la Sala acordaba que, "en este momento, debe ser el juez Ismael Moreno el competente para investigar los hechos". En ello, se incluían los contratos adjudicados por los Servicios de Salud balear y canario objeto del procedimiento de la Fiscalía Europea, manteniendo esta su competencia sobre tales expedientes en lo relativo exclusivamente a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea.

Además, el Alto Tribunal explicó que de lo actuado hasta el momento lo que se investiga en estas actuaciones "es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas Administraciones Públicas nacionales", algo que, añadía el escrito, se hacía "con o a través de la intervención y/o mediación de cargos públicos de tales Administraciones, que se habrían enriquecido con su actuación, como lo habrían hecho los miembros de aquella organización -posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal-".

"Unos y otros, presuntamente, habrían tratado de ocultar las ganancias obtenidas a través de diversas operaciones financieras también objeto de investigación -posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública-", añadió.