Tribunales
La jueza del caso del hermano de Sánchez pide que se investigue si la trama de Leire Díez tuvo contactos con el narcotráfico para atacarla
Los detalles La magistrada que investigó a David Sánchez solicita personarse como perjudicada en la causa de la Audiencia Nacional sobre las cloacas del PSOE y ejercer la acusación particular.
La jueza Beatriz Biedma, que investigó y propuso juzgar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado personarse como perjudicada en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga las cloacas del PSOE y ejercer la acusación particular.
Argumenta que, en el plano estrictamente personal y profesional, ha sido objeto, según los indicios actualmente existentes, de "actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".
En su escrito, la magistrada pide que se investigue su la trama de la fontanera del PSOE, Leire Díez, estableció contactos con clanes del narcotráfico para perjudicarla. Se refiere el escrito a una noticia de 'Artículo 14' el 15 de julio de 2026 y una anotación en la agenda de Leire Díez del 25 de marzo de 2025 que decía "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano" y que considera "especialmente relevante" por estar datada días después de que se rechazara la recusación contra ella. Dice la jueza que ha tenido conocimiento, "a través de informaciones que en su momento serán puestas a disposición de los investigadores", de la "existencia de contactos promovidos" por la presunta trama de Leire Díez y Santos Cerdán con "personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz" para actuar en su contra. Una "última y desesperada estrategia para apartar a la magistrada del procedimiento", añade la jueza.
Unos hechos que, según la jueza, le han ocasionado un "perjuicio personal y profesional", y también "institucional de extraordinaria gravedad", al considerar que está comprometida la independencia judicial y la imparcialidad de los tribunales.
En su escrito, la magistrada apunta que los hechos investigados podrían constituir un delito de obstrucción a la Justicia, contra la integridad moral, de amenazas y/o coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, acusación o denuncia falsa y organización criminal o grupo criminal.