La jueza de la DANA llama a declarar como testigos a los escoltas y el chófer de Mazón

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado tomar declaración como testigo a los escoltas y al chófer asignados a Carlos Mazón que estuvieron de servicio la tarde del 29 de octubre de 2024, entre las 15:00 y las 21:00 horas del día de la tragedia que acabó con la vida de 229 valencianos.

Una decisión que la magistrada toma a petición de una acusación particular y la acusación popular que ejerce Compromís y que trasciende el mismo día en que ha tomado declaración como testigos al dueño del restaurante 'El Ventorro' y a Juanfran Pérez Llorca, que la semana que viene se someterá al debate de investidura para suceder de Mazón al frente de la Generalitat.

La jueza requiere la identificación de los escoltas y del chófer para citarles como testigos con el objetivo de comprobar si "pudieron oír algunas de las llamadas" entre el president y su entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas -imputada en esta causa junto a su ex número dos, Emilio Argüeso- o bien los comentarios que Mazón pudo hacer a raíz de sus conversaciones.

La instructora entiende que el razonamiento que siguió la Audiencia Provincial para ordenar la testifical de Maribel Vilaplana, la periodista que comió ese día con Mazón en 'El Ventorro', es extrapolable a estos testigos, en tanto puede ayudar a "esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del CECOPI" aquella tarde.

Las llamadas y la alerta

Para la jueza, es "un hecho indiscutible" la voluntad de Pradas de mantener contacto con Mazón. Alude en este sentido la magistrada al acta notarial aportada por la defensa de la exconsellera con sus llamadas de esa tarde. Señala que "no hay constancia de ninguna imposibilidad técnica para efectuar las llamadas" y que la posibilidad de que Pradas las hubiera cancelado no se corresponde con el detalle de ese listado.

"A medida que avanzaban las horas, la necesidad de actuación se habría convertido en más imperiosa" para Pradas, agrega la jueza, que apunta al "largo tiempo en la toma de decisión de la alerta" y sostiene que "el mismo criterio ha de aplicarse respecto de la voluntad de contactar con el presidente, lo que efectivamente no pudo realizarse hasta en tres ocasiones". De esa voluntad de contactar con Mazón, agrega, dan fe hasta tres "llamadas canceladas" a las 16:29, a las 19:10 y las 19:36 horas.

Destaca la jueza que Mazón llamó a Pradas a las 19:43 horas y a las 20:10, "un minuto antes de materializarse el envío del sistema Es Alert". Teniendo en cuenta que el técnico tardó dos "solo 2 minutos y 35 segundos" en llevar a cabo el envío, la magistrada sostiene de que el hecho de que Mazón "pudiera informarse sobre el envío inminente del Es Alert, es perfectamente plausible". Algo que él niega.

Así, la jueza justifica la pertinencia de tomar declaración a los escoltas y el chófer: "El estudio de dichos extremos, las circunstancias que se estaban produciendo en esos momentos cruciales y la posibilidad de que dicho chófer o escoltas pudieran oír al President de la Generalitat al comunicarse telefónicamente con la entonces Consellera de Justicia e Interior o los comentarios que el President pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones, es perfectamente posible y hace plenamente necesaria dicha prueba", argumenta.

Para ello, acuerda requerir a la Mesa de Les Corts los datos que identifiquen a estos testigos y a la Conselleria de Presidencia que informe de cuál de los dos conductores del president estaba de servicio el 29 de octubre entre las 15:00 y las 21:00 horas. Descarta, no obstante, citar como testigos de los bedeles del Palau, "dado que la posibilidad de que pudieran haber oído algún tipo de comunicación es muy escasa". Asimismo, la jueza recuerda que ya ha pedido las imágenes Mazón entrando en el CECOPI.

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