Rechaza el recurso del Estado
La Justicia manda a juicio a los policías de la patada en la puerta durante el estado de alarma
La Abogacía del Estado defendió, entre otros argumentos, que se trataba de una vivienda turística, pero el tribunal concluye que era la vivienda habitual del morador.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el recurso de la Abogacía del Estado y confirma el auto de procesamiento contra seis policías a los que la Fiscalía imputa un delito de allanamiento de morada por entrar por la fuerza en una vivienda de la calle Lagasca de Madrid en la que se celebraba una fiesta, durante el estado de alarma.
La Abogacía del Estado defendió, entre otros argumentos, que se trataba de una vivienda turística, pero el tribunal concluye que era la vivienda habitual del morador. Los hechos se produjeron sobre las 00:50 horas del 21 de marzo de 2021. Estas son las imágenes del momento a las que tuvo acceso laSexta.
El caso, popularmente conocido como de la "patada en la puerta", se hizo más viral dado que la intervención fue grabada y difundida por las personas que estaban dentro del piso. Ocurrió el 21 de marzo de 2021, cuando en la mencionada vivienda se celebraba una fiesta con varias personas, algo prohibido en ese momento de la pandemia, y los agentes accedieron a ella rompiendo la puerta con un ariete, como se puede ver en el vídeo.
La acusación subraya que la Policía no puede entrar en un domicilio salvo que se esté cometiendo "un delito grave, que requiriera de la intervención urgente y necesaria" o con una orden judicial. El inquilino, nacido en Reino Unido, se negó a dejar entrar a los agentes, quienes, según este relato de hechos, insistieron en que abriesen la puerta para identificarles y posteriormente, ante la negativa de las personas que estaban en la vivienda, "decidieron de manera conjunta y premeditada, abrir la puerta por la fuerza".
El particular, defendido por el abogado Juan Gonzalo Ospina, solicita la apertura de juicio oral contra los agentes, pena de prisión y casi 7.000 euros por los daños ocasionados en la vivienda así como los daños morales que estima le causó la actuación. También reclama inhabilitación absoluta durante seis años y, subsidiariamente a las condenas a cárcel, una multa de 5.400 euros.