La Fiscalía del Supremo pide rechazar todas las querellas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus

La Fiscalía pide que la Sala Segunda del Tribunal Supermo rechace todas las querellas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus con un informe que cuenta con una extensión de más de 300 folios.

En una nota informativa, el Ministerio Público explica que el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, ha remitido un informe sobre las veinte querellas interpuestas contra los miembros del Ejecutivo, sin pronunciarse aún sobre la treintena de denuncias que quedan pendientes de informar.

Según explica, todas las querellas han sido objeto de tratamiento individualizado y no ve la comisión de indicios de los delitos denunciados, entre los que están delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, homicidios y lesiones imprudentes, prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro.

Sin entrar en detalles ni abordar los motivos de la decisión, la Fiscalía se limita a reseñar que "en cuanto al fondo y contenido de las querellas presentadas hasta la fecha", el informe "solicita su inadmisión". Y añade: "mientras que algunos de los hechos en ella relatados no resultan constitutivos de ilícito penal, otros no se fundamentan, más allá de las meras manifestaciones o elucubraciones de los querellantes".

Además, considera que los querellantes "se limitan a manifestar su discrepancia con la actuación política desarrollada por los querellados, no aportando elemento objetivo alguno que permita conectar las situaciones de riesgo para los trabajadores y las muertes que se atribuyen a causa de la crisis sanitaria desatada por la enfermedad COVID-19 con la actuación desarrollada por los querellados y, mucho menos, con la infracción de los deberes inherentes a su cargo".

Los querellantes son Vox, asociaciones como la Asociación de Abogados Cristianos, HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de un colectivo de 3.268 personas.

Entrando en el caso concreto, una de las más mediáticas es la de Vox, que rechaza porque "resulta palmario que mientras que los hechos en ella relatados no resultan constitutivos de ilícito penal, y además no se fundamentan, más allá de las meras manifestaciones o elucubraciones del denunciante, en principio de prueba alguno que justifique la incoación de un procedimiento penal".

Es más, tacha la querella de "genérica" ya que "no se determina ni cuándo se han producidos los hechos, ni quienes son los sujetos pasivos de los delitos atribuidos, ni cuántos y cuáles son los homicidios y lesiones imprudentes" como tampoco en qué centros de trabajo se han producido la falta de medidas.

Asimismo, no menciona los concretos incumplimientos, ni los trabajadores afectados por el riesgo, ni cuales son los equipos de protección que no se han proporcionado, "lo cual hace no solo inviable y carente de toda lógica la investigación pretendida, sino que además se trataría de una investigación genérica proscrita en nuestro ordenamiento".

Ahora, corresponde a la Sala de lo Penal del Supremo decidir si sigue el criterio de la Fiscalía y rechaza las querellas o, en cambio, inicia una investigación respecto de ellas. Mientras tanto, la Fiscalía elabora el otro informe pendiente de remitir al alto tribunal, sobre la treintena de denuncias contra el Ejecutivo.