El lío judicial de la ley del 'solo sí es sí' queda en manos del Supremo y la Fiscalía en pleno choque político

La polémica relativa a la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' no deja de crecer después de conocerse que condenados por delitos sexuales están aprovechando los recovecos legales que tiene la norma para reclamar una revisión de la sentencia con la que rebajar sus penas. Si bien este jueves el Supremo anunciaba que se manifestará antes de lo previsto -aunque podría tardar varias semanas- sobre la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' para unificar criterios en la judicatura española, unas horas después se han aclarado algunos detalles sobre ese pronunciamiento tan esperado ahora mismo por prácticamente todos los sectores sociopolíticos del país.

Por ejemplo, que el Alto Tribunal podría, tras hacer una revisión completa, 'corregir' algunos aspectos, pero ni mucho menos todo. Ahora mismo, todo está en el aire, incluso el resultado de la valoración del Supremo, que podría unificar criterios o decidir que se revisen los casos de forma individual. De momento, el organismo tiene que decidir sobre las primeras sentencias contra delincuentes sexuales cuyos abogados han pedido ya rebajas de las penas apelando a la entrada en vigor de la ley. Esos recursos se van a analizar caso por caso. Con esta fórmula se dibujará la decisión del Supremo, que podría ir en la línea de lo que están decidiendo el resto de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.

Para Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, esta nueva ley "no tiene ningún problema de derecho transitorio, porque hay derecho transitorio y jurisprudencia de sobra desde hace años y además se aplica en todo el territorio nacional". La también magistrada, una de las mayores defensoras de la norma en su conjunto, ha insistido en que "corresponde al Poder Judicial resolver la disparidad de criterios entre tribunales", y ha asegurado que "habrá unificación de criterios" porque el Supremo "corregirá las disfunciones que pueda haber". Así se ha expresado en declaraciones a laSexta, medio en el que ha lamentado que se esté "creando inseguridad" y ha recordado que "siempre que hay reformas de un Código Penal hay un periodo de adaptación que durará unas semanas".

"Nadie -refiriéndose a todos los actores de la judicatura española- se imaginó que, sin reducir los límites máximos, hubiera esta revisiones a la baja. Y de verdad que algunas revisiones son claramente erróneas", ha sentenciado Rosell, advirtiendo de que, en este caso concreto, se ha dado un "cambio de esquema", y no solo de penas, que hay que "estudiar, interiorizar y ver, con los hechos probados, qué pena correspondería". También este viernes se ha pronunciado sobre esta cuestión, aunque de forma muy escueta, la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Yolanda Díaz ha evitado pronunciarse y se ha limitado a pedir "prudencia" y, como ya sugirió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se deje trabajar al Supremo".

¿Machismo o fallas en la ley?

"La vocación del Gobierno es firme, no generemos alarma social. La prioridad son las víctimas", ha sentenciado Yolanda Díaz. Pero ¿qué ha sucedido exactamente con la ley del 'solo sí o sí? ¿Existe realmente una interpretación y aplicación machista por parte de juezas y jueces o cuenta la norma con vacíos legales que han permitido a los condenados por delitos sexuales reclamar una revisión para reducir sus penas? "Ha habido una refundición de conductas y un cambio muy importante en el capítulo de los delitos sexuales. En la comparación de las penas, se interpreta que ahora son más bajas en algunos ámbitos y por ello se aplican reducciones", ha explicado el magistrado Joaquim Bosch.

"También hay otras interpretaciones en el ámbito judicial a partir de la jurisprudencia del Supremo y de la refundición que se ha producido que indican que las penas no deberían reducirse. Por eso se trata de una cuestión de interpretación de la ley más favorable, que es un principio básico del derecho penal", ha incidido el juez. Por su parte, aunque en una línea similar, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha ordenado a los fiscales superiores que recaben y le remitan la información sobre los casos de condenas por delitos sexuales que se han revisado a causa de la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'.

Según un oficio emitido este mismo jueves, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado orden de que los fiscales superiores remitan a la FGE "aquellos autos dictados por los juzgados o tribunales de justicia de su territorio en los que se haya procedido a la revisión de sentencias firmes condenatorias, así como los informes emitidos por el Ministerio Fiscal en las respectivas ejecutorias". Así lo ha trasladado la jefa de la Secretaría Técnica de la FGE, Ana García León, con el objetivo de "realizar un seguimiento de las resoluciones judiciales que supongan una reducción de las penas impuestas en sentencias firmes tras la entrada en vigor de la citada ley orgánica".

La Fiscalía, huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico en todas las ejecutorias con amparo a las víctimas"

Las fuentes fiscales consultadas por la Agencia Europa Press explican que la intención es analizar los casos en los que hasta ahora se han revisado las penas impuestas para ver si hay disparidad de criterios entre los fiscales de los distintos casos y si es necesario emitir una circular para unificarlos. Las citadas fuentes explican que, si fuera necesario fijar criterio, la circular no se emitiría de manera inmediata porque requiere un trabajo previo que implica, entre otras cosas, que se debata en la Junta de Fiscales de Sala. Así las cosas, las fuentes descartan que el asunto pueda siquiera plantearse en el próximo cónclave, previsto para el 25 de noviembre.

Ya este jueves, García Ortizdejó clara la posición del órgano judicial respecto a esta problemática: "Quiero poner de manifiesto que, al igual que se ha hecho en otras ocasiones, la Fiscalía, huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico en todas y cada una de las ejecutorias en las que se plantee, con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y pleno respeto a los principios constitucionales". Con estas palabras se expresó el fiscal general del Estado durante una intervención realizada en el VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un evento en el que subrayó el "cambio de paradigma" que ha supuesto la entrada en vigor de la ley.

Y mientras se resuelve el problema judicial, parece que crece la tensión política a raíz de esta situación. Desde el Ministerio de Igualdad se insiste en que el problema no es la ley, sino una conducta machista imperante en la judicatura que se ha resuelto en una interpretación errónea de la misma. "La ley tiene que cumplirse. Si se cumple, todas las mujeres van a estar protegidas", aseguró en las últimas horas Irene Montero, cuya cartera ha ido perdiendo fuerza en su posición conforme ha ido avanzando el escándalo y se ha quedado sola en su idea de que no hay que corregir la norma y en sus reproches a los jueces. Tanto que, ahora mismo, Podemos está manteniendo un cruento choque con sus socios socialistas, pero también con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.