HOJA DE RUTA APROBADA POR EL COMITÉ EJECUTIVO
Las medidas que Ciudadanos exigirá a PP y PSOE para llegar a acuerdos de gobierno
Ciudadanos exigirá a PP y PSOE que se comprometan con una serie de medidas, como reducir los impuestos, respaldar la aplicación del 155 en Cataluña o suprimir el aforamiento en el ámbito autonómico, si quieren su apoyo para gobernar en comunidades y ayuntamientos.
El documento aprobado por el Comité Ejecutivo de Cs marca las líneas de negociación en los distintos territorios tras las elecciones del 26 de mayo.
Los miembros de la Ejecutiva han acordado por unanimidad que el socio preferente para negociar sea el PP, excluyendo a Vox de cualquier acuerdo, y que se pueda pactar con el PSOE de forma "excepcional" cuando no sea posible con el PP.
Sin embargo, para pactar con un candidato socialista, este deberá asumir las condiciones que plantea la formación naranja, que, en opinión de Villegas, "en muchos puntos son contrarias" a las políticas aplicadas por Sánchez.
El primer punto del documento dice que los partidos se comprometen a "defender la unidad de España y el Estado de las Autonomías" y que contemplan "la utilización de todos los instrumentos" del Estado democrático de derecho "para hacer frente al separatismo y a cualquier amenaza hacia la Constitución, así como para asegurar la convivencia y la protección de los derechos de los ciudadanos y la neutralidad de las instituciones y espacios públicos".
Eso incluye, añade el texto, "la aplicación del artículo 155 en Cataluña en caso de que el Govern de la Generalitat siga sin acatar el orden constitucional".
Ciudadanos también apuesta por exigir un nuevo modelo de financiación autonómica "más justo, transparente y sin privilegios para los nacionalistas" en el que todas las autonomías contribuyan de manera "equitativa" a la solidaridad territorial.
En materia fiscal, Cs quiere bajar los impuestos "a las familias y las empresas" en el ámbito autonómico y suprimir el "injusto" Impuesto de Sucesiones.
En otro de los puntos, la formación propone suprimir el aforamiento del presidente autonómico, de los demás miembros de su Gobierno y de los diputados del Parlamento regional, cesar automáticamente a los políticos imputados por corrupción y aprobar una ley autonómica que proteja a los denunciantes de corrupción.