El Plan Estatal de Vivienda incluye una "cláusula antifraude" frente a posibles amaños en la adjudicación de VPO

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que se ha aprobado este martes en Consejo de Ministros incluye una "cláusula antifraude" para combatir posibles amaños en la adjudicación de vivienda de protección oficial tras el caso de las VPO de Alicante que está investigando la Justicia.

En este sentido, ha asegurado que "no se va a financiar" con dinero público "ni una sola promoción" de vivienda en la que no se garanticen "registros conforme a criterios de transparencia objetivos" y "fácilmente constatables por la ciudadanía" para evitar "escándalos" como el de Alicante con "registros privados" donde "dirigentes del Partido Popular se han repartido las VPO".

La ministra ha detallado que deberá existir un "registro público de demandantes de vivienda", "canales de adjudicación" y "sorteos ante notario". Se trata de una serie de "garantías" que tendrán que "comprometerse a respetar quienes quieran "optar" a parte de los 7.000 millones de euros que recoge el plan.

Asimismo, ha asegurado que la Administración supervisará que los criterios se cumplen y sostiene que se ha "armado" una serie de "dación de cuentas" imprescindible para recibir financiación pública.

Rodríguez ha denunciado que el caso de la VPO en Alicanteno es un "accidente" sino que responde a decisiones "políticas" del Gobierno del expresidente Carlos Mazón que han provocado que las personas hagan cola para acceder a una vivienda de protección oficial "como el que va a sacar las entradas a un concierto".

Los detalles del plan

El plan estará dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y destinará el 40% del presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Este plan recoge que el 60% de la inversión proceda del Gobierno de España y el 40% lo aporten las autonomías, que verán multiplicados por tres sus fondos para el desarrollo de políticas públicas que garanticen la asequibilidad y protección permanente de la vivienda.

Entre las novedades se encuentra el blindaje de la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella y deberán hacerse con criterios objetivos medibles, transparentes y trazables, aunque el Ministerio ejercerá un doble control o datos públicos al servicio del interés general para dar transparencia al mercado y acabar con los "bulos" y los intereses privados. Estas son algunas de las medidas que trae consigo este Plan Estatal de Vivienda:

• Ayudas a jóvenes por 300 euros para el pago del alquiler y ayuda para la compra de una vivienda rural de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años.
• Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género, con un máximo de 1.000 euros/mes.
• Ayuda general al alquiler por 250 euros para personas con recursos limitados.
• Ayudas a la construcción de vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por vivienda. Tendrán un precio máximo de alquiler de 900 euros/mes y estarán para siempre protegidas. Si están en municipios de menos de 10.000 habitantes podrán destinarse a la venta manteniendo la protección.
• Ayudas para financiar la urbanización de suelos en los que se tenga previsto construir, al menos, un 40 % de vivienda protegida con hasta 8.000 euros por vivienda.
• Ayuda adicional de 8.500 euros por vivienda cuando se empleen técnicas de industrialización. Podrá ascender hasta 93.500 euros por cada vivienda nueva cuando se haya construido de forma industrializada.
• Una ayuda adicional de 8.500 euros cuando la nueva vivienda se construya en una zona de mercado tensionado.
• Ayudas a las CCAA para que puedan ejercer su derecho de tanteo y retracto o para que puedan adquirir vivienda de forma directa a través de la financiación del 70 % del coste de la adquisición. Puede ascender al 85 % si está en zona tensionada y se sacará a un alquiler máximo de 800 euros/mes.
• Cesión de viviendas a administraciones para alquiler asequible. Se ofrece una ayuda de 17.000 euros (25.000 en zona tensionada) a particulares que la cedan a la comunidad, que la pondrá a un máximo de 600 euros/mes hasta que se acabe el contrato. Se destinarán hasta 12.000 euros para financiar reformas a estas viviendas.

Sobre la prórroga de los alquileres

Por otro lado, preguntada por la prórroga de los alquileres y su aprobación en el Congreso, Rodríguez ha trasladado su respaldo al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, encargado de la negociación. "Cuando sale un acuerdo del Consejo de Ministros, es de todos. Para mí todos los acuerdos se luchan, se pelean, se defienden", ha manifestado la ministra de Vivienda.

No obstante, Rodríguez ha subrayado la dificultad a la que se enfrentan para recabar los apoyos parlamentarios. Así, ha señalado que habría que dar una oportunidad y "apurar cualquier circunstancia" para alcanzar el acuerdo, especialmente con Junts.

"Yo creo que hay que recomponer", ha sostenido, al tiempo que ha reconocido que los de Carles Puigdemont son también necesarios para sacar otras medidas adelante, como la ley de alquileres de temporada o para propiciar que se movilice la vivienda en España. "Y espero, como ha sido posible hasta ahora, poder seguir contando con Junts para ello", ha zanjado.

Con todo, ante un posible rechazo del decreto en la Cámara Baja, Rodríguez ha avanzado que seguirán "peleando porque la gente que vive en alquiler en España merece una estabilidad". "Yo lo que esperaría de los tribunales es que se posicionaran siempre del lado de la prevalencia del derecho a la vivienda y de su función social, frente a cualquier otro interés", ha añadido.

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