Investigación de la DANA

Pradas pide al TSJCV el archivo del procedimiento de la DANA o que asuma "sin más dilación toda la causa" si investiga a Mazón

Mientras tanto... Emilio Argüeso solicita también que, en caso de admitir la investigación contra Mazón, el TSJCV se quede con la totalidad de la causa y que, una vez se declare competente, "ordene el sobreseimiento de la causa".

La exconsellera valenciana de Justicia e Interior Salomé Pradas, en su comparecencia en el Congreso de los DiputadosAgencia EFE

La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha planteado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que decrete el sobreseimiento libre de la causa penal sobre la gestión de la DANA que se investiga en el juzgado de Catarroja y en la que ella figura como imputada.

Añade que, si en todo caso el tribunal estima que hay indicios para investigar al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, sea el TSJCV el que asuma "sin más dilación toda la causa". En la misma línea se ha posicionado la defensa de Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias y segundo investigado por esta causa, que ha pedido que en caso de admitir la investigación contra Mazón, el TSJCV se quede con la totalidad de la causa.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta este lunes, la defensa de Pradas se posiciona respecto a la posibilidad de abrir una investigación penal al expresident Mazón que planteó la jueza instructora al alto tribunal valenciano.

El letrado de Pradas sostiene que los hechos investigados no son de naturaleza penal, sino administrativa, de modo que "debe acordarse la clausura del presente procedimiento lo antes posible y dirigir el tiro al ámbito donde procede: el contencioso-administrativo".

Asimismo, subraya que "no es suficiente ocupar un puesto de responsabilidad máxima" para atribuir a alguien la responsabilidad por omisión, sino que es preciso que tenga "la posición de garantía prevista por una norma y que lo que la norma prevea que debe hacer sea una acción que evite el daño que se ha producido".

Esta parte sostiene que "los hechos objeto de instrucción carecen de relevancia penal" porque "la pérdida de vidas humanas, profundamente lamentable, fue consecuencia directa de una catástrofe natural de magnitud imprevisible, cuyo desarrollo vertiginoso anuló cualquier capacidad de reacción humana efectiva".

"Y la jurisprudencia penal, en estos casos, es clara, un fenómeno de fuerza mayor calificado por técnicos expertos como imparable e imprevisible en sus consecuencias concretas, está fuera de la órbita penal", sentencia el letrado de Pradas.

Además, niega que exista relación causal entre los posibles comportamientos omisivos y la muerte de 230 personas, ya que "el nexo causal se encuentra roto" por falta de información técnica, inacción informativa de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), irreversibilidad del riesgo, decisión unánime del envío del mensaje ES-Alert y falta de interpretación técnica de los datos.

Argüeso pide que se encargue el TSJCV

Por su parte, la defensa de Argüeso ha solicitado que, en caso de admitir la investigación contra Mazón, el TSJCV se quede con la totalidad de la causa. De esta manera, el TSJCV también asumiría la investigación contra el propio Argüeso y Pradas. Al mismo tiempo, pide que, una vez se declare competente, "si es que eso decidiera el tribunal, ordene el sobreseimiento de la causa".

Esta parte considera que las consecuencias del fenómeno meteorológico que sufrió Valencia el 29 de octubre de 2024 "no constituyen delito imputable a nadie", sino que se trató "de una desgracia natural no previsible en su real dimensión ni tan siquiera por aquellos que por obligación de su cargo y competencias debían hacerlo", en alusión a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la CHJ.

La defensa de Argüeso esgrime "la unidad de la causa por conexidad", pues "nos encontraríamos con una causa basada en la presunta negligencia en la gestión de una emergencia, siendo así que cada posible investigado no sería sino alguien que ha podido contribuir al resultado lesivo, resultando imposible enjuiciar separadamente a cada posible responsable".

"No solo por el riesgo de posibles sentencias contradictorias, sino por la necesidad de una valoración probatoria conjunta. Obviamente, cada investigado tiene argumentos propios para defender su inocencia, pero hay una cuestión común a todos que es la inexistencia de negligencia delictiva por parte del Gobierno de Generalitat y ello hace, desde nuestro punto de vista, inescindible la causa", añade esta defensa.

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