¿Qué son las 'leyes de concordia' que impulsan PP y Vox que sustituyen a la Ley de Memoria Democrática?

Las nuevas 'leyes de la concordia' de PP y Vox sufren un nuevo varapalo al ser duramente reprobadas por la ONU en un informe que han publicado este 30 de abril. En él Naciones Unidas pide al Gobierno de España, que ya anunció que las recurrirá, adoptar "todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica", ante unas normas que "pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos" cometidas durante el franquismo.

Pero, ¿qué son y en qué consisten estas 'leyes de concordia' impulsadas por PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana que sustituyen a la Ley de Memoria Democrática en esos territorios? Se trata de una normativa que, a juicio del Gobierno central, "blanquea la Dictadura franquista", ya que se suprimen términos como 'dictadura', no obligan a retirar símbolos franquistas, se eliminan los mapas de fosas comunes y retiran subvenciones a organizaciones que lleven a cabo tareas en favor de la memoria democrática.

Además, estas leyes establecen el año 1931 como punto de partida de reconocimiento de las víctimas, fecha que coincide con el inicio de la Segunda República. Con todo esto, también se prevé que con la aprobación de estas 'leyes de la concordia' decaigan las investigaciones en materia de memoria democrática.

Ley de Aragón

Aragón fue la primera comunidad que derogó la ley autonómica de memoria democrática y la sustituyó por un texto que "niega cualquier homenaje a personas que fueron prisioneras y represaliadas en campos de concentración nazis, elimina el mapa de fosas y retira el inventario de lugares de Memoria que se estaba implementando en la comunidad". En el texto, tampoco e hace referencia a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista, sino que se refiere a las "atrocidades cometidas por un bando durante la Guerra Civil".

Al entrar en vigor su 'ley de concordia', el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática, que incluye un mapa de fosas comunes de la comunidad, también se suprime; así como un gran número de entidades y actividades de memoria histórica.

Por su parte, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha garantizado que trabajará por que se respete la Ley de Memoria Democrática porque "se están vulnerando el derecho internacional y los derechos humanos". El ministro también se ha comprometido con que "en Aragón no va a quedar ninguna fosa sin exhumar".

Ley de Castilla y León

La proposición de ley que han presentado PP y Vox para Castilla y León propone "honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978", es decir, desde el comienzo de la Segunda República, hasta la celebración de las primeras elecciones democráticas. En ella tampoco se condenan las graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1936 y 1978 y se amplía el alcance histórico a todas las víctimas políticas con las que se saldó este periodo; y no solo a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, como recoge la normativa actual.

El proyecto de ley también recoge que las investigaciones, localizaciones, exhumaciones e identificación de víctimas deben "respetar la legislación especial de protección de datos y el derecho a la intimidad, no pudiendo ser objeto de difusión pública de imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo a las víctimas, sus familiares y cualquier persona que participe en el mismo". Su aplicación, según el informe de la ONU "podría obstaculizar el acceso a la verdad sobre el destino y paradero de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo a las desapariciones forzadas". Esta proposición tampoco reconoce las subvenciones para actividades de memoria histórica.

"Es inadmisible que se intente igualar los años democráticos de la II República (1931-1936) con la Dictadura posterior a la Guerra Civil y sus consecuencias", ha condenado el ministro Víctor Torres.

Tanto en la normativa aragonesa como en la castellano leonesa se ha suprimido el término 'dictadura'. Sin embargo, mientras que en la de Aragón no se hace alusión al Franquismo, aunque sí a la "violencia política ejercida" durante la Segunda República; en la de Castilla y León no se condena lo ocurrido entre 1936 y 1978.

Ley de la Comunidad Valenciana

A diferencia de las iniciativas de Castilla y León y Aragón, la 'ley de la concordia' de la Comunidad Valenciana no suprime la palabra "dictadura", pero abarca desde 1931, lo que para la oposición supone "blanquear el régimen" del franquismo al igualarlo con un régimen democrático. En la proposición de ley afirma que en ese periodo España vivió "una convulsa Segunda República, una Guerra Civil, una dictadura y el azote del terrorismo etarra e islámico". También incide en que "no importa el bando", porque "el sufrimiento y la muerte fue la misma para todos".

Esta ley tiene tan solo cinco artículos y acaba con la ley de memoria de 2017, que constaba de 65 y se refería a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. A su vez, disuelve todos los organismos públicos derivados de ella, como el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, elimina las subvenciones a las asociaciones de memoria democrática y todos sus procedimientos, menos las exhumaciones que ya estén en marcha.

Los textos impulsados por la derecha de la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón defienden que no hay consenso histórico sobre las etapas de la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo; y que las nuevas generaciones han recibido información sesgada de lo que sucedió en ellas. Esto ha favorecido una división en la sociedad española. "Se trata de unos planteamientos que blanquean la Dictadura franquista, niegan la existencia del Golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido", ha denunciado Torres.