El PP refrenda su guerra contra la amnistía y plantea un conflicto institucional sin precedentes entre Senado y Congreso

El PP no ha tardado en poner en marcha una situación sin precedentes en la política española. Este martes, los 'populares' avanzaban que el Senado plantearía un conflicto de atribuciones contra el Congreso de los Diputados, algo que han dejado por escrito apenas 24 horas después.

Valiéndose de su mayoría absoluta en la Cámara Alta, el Senado pedirá al Congreso que retire la proposicón de ley de amnistía, ya que consideran que se trata de una "reforma encubierta" de la Constitución, algo que también apuntaron los letrados del Senado en su escrito referente a la amnistía.

En su escrito, el PP hace mención a las palabras de los letrados del Senado, considerando que la Cámara Alta está ante "la obligación formal de tramitar una iniciativa que se ha autocalificado como ley orgánica, cuando en realidad se está tratando de una reforma constitucional o de una ley inconstitucional. Este punto lo ven como "una invasión del poder constituyente radicado en esta Cámara, por parte del Congreso, y, al mismo tiempo, el desconocimiento de los derechos de representación política de sus senadores y de toda la ciudadanía".

Los 'populares' van más allá y creen que el PSOE ha buscado "rebajar las mayorías necesarias para su aprobación", ya que han elegido por "optar por la vía de una ley orgánica en vez de la de una reforma constitucional". La propuesta del PP ha de ser calificada por la Mesa del Senado, que todavía no está convocada, pero la cual se espera que dé luz verde al texto.

¿Qué pasa ahora?

El proceso ahora será el siguiente. En primer lugar, el Senado celebrará un pleno en el que se requerirá al Congreso la retirada de la ley de amnistía de manera formal. Una vez hecho el requerimiento, el Congreso tendrá 30 días para contestar; en caso de no firmar la petición o no responder, se abriría la segunda fase.

En la segunda fase entraría de lleno el Tribunal Constitucional. Los letrados del Senado recordaron que cabe la posibilidad de solicitar una suspensión cautelar del procedimiento legislativo si hay un "perjuicio irreversible que la espera de la resolución pudiera provocar en las atribuciones que la Constitución confiere a la Cámara Alta".

Si finalmente el Constitucional no responde, la ley de amnistía mantendrá su tramitación, aprobándose, como tarde, el 16 de mayo.