El Supremo flirtea con el pucherazo electoral en la 'ley de nietos' y choca con el criterio de expertos juristas

Son varias las voces procedentes del mundo judicial críticas con la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de miles de nuevos nacionalizados, hijos o nietos de exiliados tras la guerra civil y durante el franquismo.

Ven algo más que argumentos jurídicos en la resolución del Supremo, cuyo ponente principal es un admirador reconocido del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que ya en 2023 había dado validez al bulo del pucherazo en el conteo de votos de Indra.

Cuestionan que el Supremo suspenda el derecho a voto de los nacionalizados mediante la 'ley de nietos' con el argumento de que alteraría el resultado electoral, porque apartar a otros del censo también puede modificarlo.

El Supremo resuelve para justificar las cautelares que se "genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral". Pero no hay datos objetivos, para algunos magistrados, que lo avale.

El magistrado Joaquim Bosch ha sido muy contundente hoy en su análisis de la resolución en Al Rojo Vivo. "Dejar sin el derecho de voto a españoles que tienen la nacionalidad es bastante discutible", asegura el magistrado, que también hace referencia al voto particular emitido por una magistrada que discrepa de la resolución. "Hay un voto particular discrepante que es bastante sólido, que cuestiona que el Supremo, sin competencia suficiente, haya podido adoptar este tipo de decisión", ya que advierte Bosch, "si mañana hay unas elecciones, influiría en no dejar votar a estos españoles".

"No hay ningún dato de que un incremento del censo electoral derivado de una ley tenga que llevar a un pucherazo o una actuación fraudulenta. ¿Por qué? Y si lo hay, se tendrá que explicar por qué", insiste Bosch.

Y pone el ejemplo de Austria, que decidió rebajar la edad para poder votar a los 16 años. O Reino Unido y otros países que están haciendo reformas en ese sentido. "Que se incremente el censo electoral no significa que esto lleve a una situación de fraude", insiste el magistrado pidiendo que se demuestre "con datos". "Si el legislador español ha considerado que hay que saldar una deuda histórica con los descendientes de los represaliados por el franquismo, esto es una decisión que no puede ser interpretada necesariamente como un fraude y eso está en el auto y creo que es uno de los aspectos más discutibles, como indica el voto particular", sentencia Bosch.

Por su parte, el magistrado Marc Buch considera que esta resolución "es un ejemplo de uso alternativo del derecho. De forzar, de torcer el derecho para conseguir un propósito político".

Juristas que cuestionan que un tribunal pueda arrebatar a un español uno de los derechos constitucionales más importantes como es el del voto. Ignasi Guardans, profesor de Ciencias Políticas, también tiene clara su posición. "Toman el concepto de nacionalidad y le quitan una parte que es el derecho a votar, y eso el Tribunal Supremo no tiene poder para hacerlo", sentencia.

Una idea de pucherazo que esparcen la derecha y la extrema derecha y con la que ahora el Tribunal Supremo flirtea en esta resolución sobre la 'ley de nietos'.

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