La fiscal general del Estado nombra a 17 altos cargos y aúpa al equipo de García Ortiz

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha decidido el nombramiento discrecional de 17 altos cargos de la Fiscalía en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional, así como en fiscalías especializadas como Anticorrupción o Antidroga.

Así lo ha hecho en el marco del Consejo Fiscal celebrado este viernes la fiscal general, que propondrá al Gobierno esos nombramientos para puestos que se encontraban vacantes y a los que se habían postulado 86 candidatos, según ha comunicado la Fiscalía en una nota.

En total se habían convocado 19 plazas, aunque dos de ellas, la de fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Cuenca y la de fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Lugo, no han recibido candidaturas, por lo que tendrán que ser convocadas de nuevo.

El Ministerio Fiscal indica que Peramato ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de los respectivos planes de actuación presentados, que "se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía".

El equipo de García Ortiz

En esta línea, la fiscal general ha aupado a los dos fiscales más cercanos al ex fiscal general Álvaro García Ortiz en la Secretaría Técnica para puestos claves en el Supremo: Ana García León será una de las jefas de la sección Penal, adonde también llega como fiscal Diego Villafañe.

El interés estaba, por encima de todo, en las tres plazas vacantes para ostentar la jefatura en las secciones penales del Supremo que se disputaban algunos fiscales del equipo de García Ortiz con dos fiscales del 'procés', Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que no han sido designados siendo dos de los tres más altos en el escalafón.

Además de García León, que fue la mano derecha de García Ortiz cuando ostentó la jefatura de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Peramato ha nombrado a José Javier Huete, uno de los actuales jefes de la Sección Penal, y a María Farnés Martínez, hasta la fecha fiscal superior de Canarias.

Para las tres plazas para la sección penal del Supremo, ha designado a Diego Villafañe, el número 2 de García Ortiz en la Secretaría Técnica que llegó a estar imputado en la causa por la que más tarde fue condenado el ex fiscal general; a Antonio Colmenarejo, otro fiscal del antiguo equipo de García Ortiz destinado desde 2022 en la Secretaría Técnica; y a María Isabel Gómez, que trabajaba en la Fiscalía de Cuenca.

Otras jefaturas

En cuanto al resto de jefaturas, la fiscal general ha designado a Javier Rufino como fiscal de sala contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, de medio ambiente e incendios; y ha renovado en su puesto a la exfiscal general María José Segarra como fiscal de sala de personas con discapacidad y mayores.

Para la Fiscalía del Tribunal Constitucional, los designados son Raquel Muñoz, que desde 2021 estaba en la Secretaría Técnica e Ignacio Rodríguez, que era letrado de este tribunal. En la Audiencia Nacional, Peramato ha elegido como fiscal a Beatriz López, que también procede de la Secretaría Técnica y en Antidroga a Marcelo Juan de Azcárraga, que ya trabajaba en esta área desde 2024.

Además, la vacante en Anticorrupción ha sido para Virna Alonso, decana de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, que fue una de las dos fiscales que dio el visto bueno al comunicado que posteriormente difundió la Fiscalía por orden de García Ortiz el 14 de marzo de 2024 sobre la causa de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

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