El Tribunal de Cuentas no da su visto bueno a la contabilidad de Ciudadanos

El Tribunal de Cuentas se ha negado a dar su conformidad a la contabilidad de 2015 de nueve partidos, entre ellos Ciudadanos, Izquierda Unida (IU), Compromís, Convergencia (CDC, socio de la nueva Junts per Catalunya) y EH Bildu, al detectar demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias que limitan de examen.

Un informe examina las cuentas anuales de 30 formaciones políticas que percibieron, directa o indirectamente, algún tipo de subvención pública para atender sus gastos de funcionamiento otorgada por el Estado o las comunidades autónomas o como consecuencia de haber obtenido representación parlamentaria en los procesos electorales de 2015.

Aunque con salvedades, el Tribunal de Cuentas ha emitido una opinión favorable de 20 formaciones políticas respecto del ejercicio 2014, y de 19 en cuanto al ejercicio 2015, incluyendo al PP, al PSOE y Podemos.

Por contra, ha emitido opinión desfavorable sobre siete formaciones en 2014 --Izquierda Unida (IU), Coalición Compromís, Aralar, Coalición EH Bildu, Convergència (CDC), Eusko Alkartasuna (EA), y Partido Aragonés--, y hasta nueve en 2015 (las mismas más Ciudadanos y la federación EH Bildu), debido a las limitaciones al alcance y/o a la importancia cualitativa de las salvedades puestas de manifiesto.

En el caso de Ciudadanos, el Tribunal de Cuentas se refiere a "las limitaciones al alcance y/o a la importancia cualitativa de las salvedades puestas de manifiesto", lo que se refiere a una mala gestión de los fondos públicos.

Ciudadanos sale peor parado que PP, Podemos y PSOE, si bien los dos primeros también reciben reproches por parte del Tribunal de Cuentas aunque sus cuentas hayan sido aprobadas.

Al cierre de los ejercicios fiscalizados, seis formaciones presentaban patrimonio neto negativo, incluyendo a Iniciativa per Catalunya (hoy en En Comú), Unió Democràtica (UDC) y la federación de CiU. En el caso de estas dos últimas organizaciones, que ya no concurren a elecciones aunque sí buena parte de sus antiguos dirigentes, su situación de desequilibrio patrimonial ya se había puesto de manifiesto en informes de fiscalización anteriores.

En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas propone que las formaciones políticas que presenten durante dos o más ejercicios económicos una situación patrimonial negativa ajusten sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial y elaboren un plan de saneamiento para evitar caer en situaciones de insolvencia, habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos registrados.

La institución denuncia también que una docena de formaciones no presentaron en 2014 y 2015 el preceptivo informe relativo a la revisión del sistema de control interno prescrito en la Ley de Financiación de Partidos Políticos, entre ellas PNV, Geroa Bai, Izquierda Unida (IU), Nueva Canarias, Bildu (junto a la marca Sortu y la antecesora Amaiur), BNG, Convergència (CDC), Unió (UDC) y la federación CiU.

El Tribunal de Cuentas avisa de que "la falta de un sistema de auditoría o control interno a que hace referencia dicho precepto podría constituir una irregularidad sancionable tipificada en el artículo 17 de la mencionada Ley Orgánica".

Se han detectado además otros incumplimientos que también podrían constituir infracciones sancionables como la no identificación de los cargos públicos o de los donantes que realizaron aportaciones a las formaciones políticas, la no determinación de las personas físicas que efectuaron donaciones, las donaciones aceptadas de personas jurídicas pese a la prohibición de 2015, la participación indirecta, a través de sociedades mercantiles, en los rendimientos procedentes de la actividad mercantil, o el incumplimiento del deber de colaboración por las formaciones políticas con el Tribunal de Cuentas.

Pese a los compromisos de transparencia, trece formaciones en 2014 y 11 en 2015 no publicaron en su web, o al menos no de forma completa, las cuentas anuales de cada ejercicio; además, doce formaciones no habían publicado en su web el Informe del Tribunal de Cuentas de 2013. Tampoco se habían aprobado ni publicado las instrucciones internas preceptivas en materia de contratación por 22 formaciones políticas.

Asimismo, considera conveniente actualizar el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, habida cuenta de que la legislación actual contempla la obligatoriedad de que todos ellos remitan al Tribunal de Cuentas sus cuentas anuales y el informe de auditoría, y que el incumplimiento de dicha obligación conlleva una posible infracción tipificada en el artículo 17 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.