La UCO sitúa a Aldama y su socio al frente de una "organización criminal" con redes en tres continentes por la trama de los hidrocarburos

Claudio Rivas y Víctor de Aldama ingresaban en prisión el pasado mes de octubre, después de que el juez Santiago Pedraz observara su presunta participación en una organización dedicada al fraude en el pago del IVA de los hidrocarburos. Una conclusión a la que llegó el magistrado a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el que se concluía se habían defraudado más de 182 millones de euros a la Hacienda Pública. Todo mediante una organización criminal a través de la que blanqueaban los beneficios. Ambos lo negaron.

Ahora, laSexta ha accedido al sumario de la causa que instruye en la Audiencia Nacional el precitado magistrado. Entre otras cuestiones, en dicha documentación se concluye de forma clara que el empresario y su socio eran los jefes de la organización criminal "a nivel directivo", además de que su papel era "imprescindible (…) para dar efectividad y continuidad" a la actividad de la organización criminal sobre la que UCO advierte que presenta un "un grado de peligrosidad potencialmente elevado".

Una característica de esta estructura criminal, que los agentes califican "de alto nivel", que justifican en el "uso de expertos en los sectores donde desempeñan las actividades delictivas"; "la sofisticación de las estructuras empleadas para dichas actividades"; "la permanencia en el tiempo y el aislamiento entre las diferentes ramas" que dificultan su descubrimiento; y su "capacidad de generar estructuras empresariales que sustituyan a las desveladas por la investigación".

Tal es la sofisticación que los agentes a través de la intervención de comunicaciones descubren que los implicados extreman las medidas de seguridad cuando hablan entre ellos, pero no cuando lo hacen con otras personas ajenas. En concreto, destacan que "las medidas de seguridad se establecen férreamente con miembros directos e indirectos (relacionados)" de la trama "advirtiendo como éstas no se implementan cuando reciben llamadas telefónicas de terceros". Por ejemplo, en una conversación de Rivas con uno de los implicados le advierte que está "hablando por normal".

El rastro del dinero

En los documentos se explica que dicha organización se dedicaba, básicamente, a utilizar empresas instrumentales que dejaban a pagar el 21% de IVA. Precisamente, de esta evasión resulta el beneficio que los investigadores cifran en más de 182 millones de euros, de los cuales 73 millones fueron ocultados tanto por el empresario como por su socio hasta en tres países de tres continentes distintos: Colombia (casi 650.000), China (unos cuatro millones) y Portugal (más de 68 millones). Es en este punto donde los agentes están centrando su atención, para así recuperar el dinero defraudado.

Una cantidad, obtenida gracias a este entramado de cuentas bancarias, sociedades mercantiles e interpuestas cuya matriz era la empresa Villafuel, que no llegó de golpe. En concreto, en este punto de la investigación se ha podido determinar que en el 2022 el fraude fue de unos cinco millones y medio, mientras que en 2023 ascendió hasta los casi 167 millones y en 2024 más de diez millones.

Otro de los puntos de la documentación analizada es el pago a través de Obaoil -prinicipal 'cliente' de la empresa matriz del entramado investigado- "destinados al disfrute personal de los principales investigados". Según las investigaciones, se gastaron más de 335.000 euros en caza; 157.380 euros en relojes de lujo; casi 41.000 para adquirir mobiliario; y hasta más de 17.000 euros en comprar vino.

Otra de las líneas de investigación de los agentes de la UCO se ubica en torno a las relaciones de Víctor de Aldama "con cargos políticos", que más tarde detallan en la documentación son "altos cargos del Gobierno y del PSOE". Precisamente, estas relaciones son investigadas debido a que pueden "revertir indicios de criminalidad relacionados con los delitos" contemplados en la causa del 'caso Delorme', más conocido como 'caso Koldo'.

Más 150.000 euros en efectivo

Respecto a los registros practicados en el marco de esta investigación, destacan los objetos incautados en el realizado en el domicilio de Claudio Rivas. Entre ellos, se encuentran una mira telescópica, dos vehículos de la marca Land Rover, así como dinero en efectivo -23.730 euros-, móviles y otros dispositivos electrónicos. A su hermana, en cambio, María Luisa Riva -también investigada en la trama, aunque no llegó a entrar en prisión- se le incautaron 21.830.

Otro de los registros fue en la empresa matriz del entramado, Villafuel. Allí se varios contratos, entre los que llaman la atención firmados por la empresa que le paga el chalet en Cádiz al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien también está siendo investigado por el Tribunal Supremo.

Por su parte, en el domicilio del empresario expresidente del Zamora C.F. se incautan tres dispositivos móviles iPhone, un conjunto de 43 documentos, un coche Audi modelo A8, de color gris y un llavero color amarillo con la inscripción manuscrita "Castello, 5" y tres llaves. Una calle ubicada en el barrio Salamanca de Madrid. Mientras que en su despacho los agentes intervinieron documentación, un pen drive, tres discos duros, además de dos libretas, una de color verde y otra de color azul. Asimismo, los agentes también le incautaron un Ferrari berlinetta valorado en casi un millón de euros.