UPyD pide la imputación de otros 80 usuarios de las tarjetas opacas

En un escrito, la formación reclama que todos ellos, a los que atribuye un delito de apropiación indebida, respondan de forma solidaria a la fianza civil que ya prestaron los expresidentes de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato, que ascendía a 19 millones de euros.

Según UPyD, "ni aún la autorización para la utilización de la tarjeta para gastos personales haría desaparecer la eventual responsabilidad penal de los usuarios, sino, al contrario, ampliar el marco de responsabilidades sobre aquellos administradores que así autorizaron dicha utilización".

El partido recuerda que dichas visas, con las que los 83 exconsejeros y exdirectivos gastaron 15,5 millones entre 1999 y 2012, no tienen "conexión con gastos de representación", dándose la circunstancia de que muchos de los beneficiarios ya disponían simultáneamente de otras tarjetas corporativas para ello.

Además, dicho "sistema de pago" no figuraba en los contratos de trabajo ni en los acuerdos pertinentes de los órganos de gobierno de la entidad, y además no tenía límite de ningún tipo, lo que provocó que lo emplearan para cuestiones personales, llegando incluso a retirar importes cantidades en efectivo de los cajeros automáticos.

Y ello sin olvidar su carácter "absolutamente" opaco, ya que no declararon las sumas percibidas y esas "retribuciones" no estuvieron en ningún caso publicadas en los Informes de Gobierno Corporativo ni se informó de ellas a los auditores externos de la compañía.

Por el contrario, cree que la actuación de los cuatro que tuvieron una tarjeta pero no la llegaron a utilizar -Félix Manuel Sánchez Acal, Iñigo María Aldaz Barrera, Esteban Tejera Montalvo y Francisco Verdú Pons- marca una diferencia con los anteriores y "puede excluir la existencia de indicios de responsabilidad criminal".

Sin embargo, considera que su testimonio puede resultar "esclarecedor" a fin de conocer las condiciones bajo las cuales les fueron facilitadas las visas, así como los motivos por los cuales decidieron no hacer uso de las mismas.

También estima conveniente que declare como testigo Iñaki Azaola, director corporativo de Auditoría Interna de Bankia, que fue quien remitió al director general del FROB, Antonio Carrascosa, el informe que destapó el escándalo y que fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción.

Por último, quiere que se pregunte a Bankia y a su matriz, BFA, y a la Fundación Caja Madrid, heredera de la obra social de la caja, sobre la situación actual del proceso de recuperación de las cantidades disfrutadas por distintos beneficiarios de las tarjetas, con indicación de todos los importes, fechas y demás detalles en que se han producido los ingresos.