Yolanda Díaz anuncia un pacto entre PSOE y Sumar para derogar la ley mordaza

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), ha anunciado este martes que se ha logrado un acuerdo entre su formación política y el PSOE dentro del Gobierno de España para iniciar la derogación de la denominada ley mordaza, así como cambios en la ley de la publicidad institucional en lucha contra el "pseudo periodismo".

Tal y como ha podido confirmar laSexta, el acuerdo se ha alcanzado en las últimas horas después de tres semanas de negociaciones en las que han participado por parte del ala socialista la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y por parte de Sumar, el diputado Enrique Santiago y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Horas después del anuncio y más avanzada la mañana de este martes fuentes de Sumar han explicado a laSexta que realmente lo que se contempla en el pacto es la nueva redacción del artículo 36 de la Ley Orgánica Seguridad Ciudadana, es decir, la ley mordaza como tal. Según lo ha acordado y transmitido por estas fuentes "ahora el delito de difundir imágenes [de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad] debe ser constatable".

"La situación de peligro o riesgo cierto generado deberá ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o en la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible. No constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión", aseguran desde Sumar.

Más de allá de este cambio, otra de las medidas alcanzadas consiste en la reforma del Código Penal con el fin de "proteger la libertad de expresión" que fue "cercada por el PP", ha dicho Enrique Santiago. Para ello, se buscarán los apoyos parlamente "para suprimir el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público" incluido "en el artículo 525". De esta manera, "los denominados 'abogados cristianos' presentan querellas contra cualquier escritor, periodista o trabajador de la cultura que critique el catolicismo", dicen.

También en el Código Penal, se contempla derogar "los delitos contra la Corona" por los que aclaran "se condenó a los humoristas de la revista 'el Jueves', así como "las injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, Ejército" por el que "se condenó a un sindicalista gallego por hablar en términos despectivos de la bandera de España durante una concentración". Eso sí, Santiago ha aclarado más tarde que estos delitos seguirán existiendo e insisten en que, por tanto, "no habrá desprotección", pero sí "protección a la libertad de expresión".

Por otro lado, el acuerdo alcanzado en las últimas horas por Sumar y PSOE también incluye la modificación de la ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Así, ambas formaciones pretenden "incluir una reparación pública en los supuestos de interminables instrucciones judiciales cuando no se produzca apertura del juicio oral pero se publiquen innumerables titulares afectando al honor o al buen nombre de la persona investigada

El acuerdo, cuyo contenido íntegro se desconoce, incluye, según ha apuntado Díaz ante los medios de comunicación modificaciones en torno a los "delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al Rey" que se condicionan en la polémica norma. Un paso que desde la formación que hasta hace poco lideraba Díaz califican de "esencial", al mismo tiempo que prometen un "primer paquete de medidas lo más ambicioso posible", ha asegurado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

"Ya les anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista (...) en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley mordaza se consuma", ha asegurado Díaz a su llegada a la reunión de ministros de Empleo de la Unión Europea que se celebra esta misma jornada en Bruselas. "La ley mordaza va a ser derogada. Acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista", ha insistido.

Tal y como ha aclarado Santiago horas después este es "el inicio" de la derogación de la ley mordaza ya que lo anunciado este martes corresponde a "acuerdos parciales", por lo que asegura van "a seguir trabajando para introducir otras medidas" y así "haya una derogación completa de las leyes del PP". En esa línea, también se ha pronunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este martes en Al Rojo Vivo, donde ha aclarado que él prefiere hablar de "leyes mordaza" puesto que son "distintos preceptos legales" a los que se refiere este acuerdo.

Un término que no obstante descartan utilizar desde Moncloa, puesto que lo que va a presentar este miércoles en el Congreso Sánchez es un "esqueleto de medidas de regeneración", así como "la disposición del Gobierno" en revisar estos delitos de injurias a los que se ha referido Díaz durante la mañana. De hecho, insisten en que no hay ningún texto como tal pactado entre los socios de Gobierno, a la vez que aclaren que será después cuando se hable con los grupos parlamentario

Además, Díaz también ha adelantado que las negociaciones también se han cerrado en torno a "una ley que tiene mucha importancia" puesto que "va a impedir que quienes practicando pseudo periodismo (...) que vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo, desde luego, serán privados de financiación pública". Así se ha referido la ministra la ley de publicidad institucional que regula la actividad de la Administración en la materia.

El anuncio de "acuerdo sobre estas dos materias que son troncales", señala Díaz, llega un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente las conocidas como medidas de regeneración en el Pleno del Congreso de los Diputados y sobre las que la ministra dice "son más globales" y "había más acuerdo". Un paquete que desde Sumar siempre se ha dicho debía empezar a ponerse en marcha con la derogación de la polémica norma.

No obstante, es pronto para dar por hecho estas medidas, puesto que ahora deben ser el resto de socios quienes digan si les convence o no el acuerdo alcanzado en Sumar y PSOE. De hecho, Santiago ha insistido en que "hay una buena sintonía", pero la cuestión "no puede ser solo de PSOE y Sumar", sino que "debe alcanzar al resto de fuerzas [que apoyaron en su día] la investidura". Además, aclara que por el momentos no está "cerrado el acuerdo sobre los escollos que hicieron descarrilar la norma en 2023".

Cabe destacar, entonces, que la reforma de la ley mordaza se presenta comprometida e incómoda, ya que a pesar de que la promesa de su retirada cumple casi una década, la polémica norma volvió a copar titulares cuando el presidente del Gobierno volvió a la vida pública tras tomarse cinco días para "reflexionar". Desde que entrara en vigor la norma se han impuesto casi dos millones de sanciones, y se han recaudado más de mil millones de euros. También son numerosos los intentos de reforma que han estado orbitando sobre ello estos últimos años.

Una ley que resiste todo

Un punto de inflexión que sus socios de Gobierno aprovecharon para recordar las promesas con las que arrancaron, como la reforma de la ley mordaza que se descalabró en la Comisión de Interior, en su penúltimo paso antes de pasar al Congreso, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los seis partidos favorables a su reforma -PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts- en los cuatro puntos más calientes de la ley.

Esta fue la ocasión que la vigente norma, aprobada con la mayoría absoluta del PP en 2015, ha estado más cerca de su final, aunque hubo un primer intento en el que el consenso parlamentario era incluso mayor, pero la convocatoria de las elecciones generales del 28 abril de 2019 volvió a llevar la reforma al fracaso.

En 2017 se produjo el primer intento de reformarla con el PP en Moncloa. El 21 de marzo el Pleno del Congreso daba el primer paso para modificar la ley al dar luz verde a la toma en consideración de dos proposiciones de ley del PSOE, que apostaba por derogarla, y del PNV, que pedía revisarla en 44 apartados. Con el PP aún en la Moncloa pero con minoría parlamentaria, PSOE, ERC, Unidos Podemos y PNV expresaron sus quejas con los retrasos en la tramitación.

En 2018 la moción de censura despierta la reforma. El entonces ministro popular del Interior Juan Ignacio Zoido tendió diálogo al PSOE. La propuesta siguió durmiendo en un cajón y no sería hasta meses después de la moción de censura al presidente Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez en el Gobierno cuando la iniciativa se desempolvó para analizarse en ponencia.

En 2019 las elecciones de abril frustran una nueva ley. Tras escuchar a 14 comparecientes, los diputados tuvieron en febrero una última reunión. Dieron carpetazo a sus propuestas porque las elecciones del 28 de abril obligaron a disolver las Cortes. Solo restaban dos o tres reuniones para presentar un dictamen y el acuerdo. Los portavoces de PSOE, PP, Unidos Podemos y Ciudadanos coincidieron en que los retoques estaban bastante consensuados.

En 2020 se convierte en la norma más usada en pandemia. Frustrada su reforma, la ley se convirtió en protagonista inesperada de la pandemia del coronavirus. Fue la norma más empleada para sancionar por desobediencia a quienes se saltaban las restricciones impuestas por los estados de alarma. En el primero -del 14 de marzo al 20 de junio- las multas resueltas por infracciones graves supusieron 115 millones de euros.

Con todo, fue también el año en que se inició el segundo intento de dinamitarla. En septiembre todos los partidos, excepto PP y Vox, daban su visto bueno a la misma iniciativa que el PNV presentó en 2017.

En 2021 despega el segundo intento. En febrero, se retoma su tramitación pero a paso muy lento. Tras más de 40 prórrogas de presentación de enmiendas, en noviembre la iniciativa parece que por fin se desatasca con PSOE y Unidas Podemos decididos a liderar los cambios con un paquete conjunto de más de 40 modificaciones contra los que policías nacionales y guardias civiles protestaron en Madrid.

En 2022 vuelve a quedarse en punto muerto. El año arrancó con la celebración de varias sesiones de ponencia. Tras salvar los partidos de izquierdas sin ninguna dificultad cambios planteados hace años, como los cacheos o el plazo máximo para identificaciones en comisaria, los acuerdos llegan a punto muerto.

Los grupos pro reforma -PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Eh Bildu y Junts- trasladan sus negociaciones fuera de la ponencia. Se celebraron más de 30 reuniones y se alcanzaron acuerdos en otros 15 artículos, pero no lograron esquivar sus escollos en los cuatro puntos que desde el inicio se calificaron como los preceptos "calientes" y "polémicos" de la ley: material antidisturbios, faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y resistencia y devoluciones en caliente.

En 2023, ERC y EH Bildu apuntillan el fracaso. Después de un año y medio de negociaciones y medio centenar de reuniones formales e informales en las que hay acuerdo para modificar 36 de los 54 artículos, la ponencia se da por concluida y el 14 de marzo el dictamen se eleva a la comisión de Interior.

Sigue sin haber acuerdo en los cuatro puntos sensibles, especialmente en el que afecta al material antidisturbios, asunto en el que ERC y EH Bildu se muestran muy en contra. Los 18 votos de PSOE, Unidas Podemos y PNV no son suficientes para sacar adelante el dictamen, que rechazan ERC, EH Bildu y Junts junto con los votos de PP, Vox, Ciudadanos y UPN, que consiguieron sumar 19, por lo que la reforma vuelve a fracasar.