Movilización vecinal

25 familias de Barcelona buscan una salida para salvar sus casas tras la venta de su edificio a un fondo

Los detalles Los vecinos se han organizado junto al Sindicato de Alquiladoras y una cooperativa de vivienda ha activado el derecho de tanteo y retracto, que permite paralizar durante tres meses la operación e implicar a las administraciones para garantizar la continuidad de los residentes.

Manifestantes por el fin de los desahucios en BarcelonaAgencia EFE

Los vecinos del edificio situado en el número 123 de la avenida de la Virgen de Montserrat, en el barrio barcelonés del Guinardó, se han organizado para defender la continuidad de las 25 familias que viven en la finca, después de conocer que el inmueble ha sido vendido a un fondo de inversión por 5,5 millones de euros.

El edificio alberga a unas 65 personas en régimen de alquiler, entre ellas familias con niños, personas con discapacidad y vecinos con problemas de salud. El conflicto salió a la luz en julio, cuando algunos inquilinos comenzaron a recibir comunicaciones relacionadas con la finalización de sus contratos de alquiler.

Uno de los afectados es Joan Marc Alonso, que lleva 58 años viviendo en el edificio y tiene un contrato de alquiler vigente hasta 2032. Según explica a Infobarris, las primeras señales de alarma llegaron cuando varias personas comenzaron a presentarse en la finca con la intención de acceder a las viviendas bajo el pretexto de realizar una inspección técnica.

"Nos pusimos nerviosos, empezó a haber alboroto, gente que venía a picar puertas, diciendo mentiras para poder ver los pisos. Y cuando empezaron a llegar algunos burofax ya fue cuando nos empezamos a unir", relata en el Infobarris.

Ante esta situación, los residentes se han organizado junto al Sindicato de Alquiladoras para tratar de impedir que el edificio termine en manos de la especulación inmobiliaria. A esta iniciativa se ha sumado la cooperativa de vivienda Techo Cívico, homologada como promotora social por la Generalitat de Catalunya, que puede participar en operaciones de adquisición de viviendas. Sus representantes han explicado que la entidad ha activado el derecho de tanteo y retracto, una medida que permite paralizar durante tres meses el proceso de compraventa y ganar tiempo para implicar a las administraciones.

Los vecinos reclaman también la intervención del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat para encontrar una solución que garantice que las familias puedan seguir viviendo en la finca. Por el momento, el grupo de ERC en Horta-Guinardó ya ha presentado un ruego en el distrito para solicitar una intervención municipal urgente que proteja a los afectados.

Según explican, el fondo de inversión habría abonado únicamente las arras de la operación, por lo que la compraventa todavía no se ha formalizado definitivamente. Esto significa que las administraciones públicas aún tienen la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto, adquirir el edificio y destinarlo a vivienda protegida o asequible.

Mientras tanto, los balcones de la finca se han llenado de pancartas con mensajes como "Fuera buitres del 123", "Es casa" o "Los del 123 nos quedamos". Lemas que reflejan la determinación de los vecinos de defender sus hogares y que Joan Marc Alonso resume con contundencia: "Yo de aquí no pienso marchar, si hace falta nos atrincheramos, lo tengo clarísimo".

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