Estado del bienestar

El 7% de la población de Babilafuente (Salamanca), en riesgo de desahucio: ¿quién protege a quien cumple?

Los detalles 23 familias de este municipio salmantino están atrapadas entre un presunto engaño por parte de quien consideraban su arrendador y la burocracia. El edificio ha pasado a manos de Sareb y la entidad no reconoce sus contratos. El CIF de la empresa que gestionaba los alquileres estaba revocado desde 2019.

Imagina que firmas un contrato de alquiler. Que pagas todos los meses. Que cumples con tu parte. Que durante años nadie te dice que hay ningún problema. Un día, descubres que la persona a la que llevabas años pagando no podía garantizarte esa vivienda como creías. Y te enteras porque el cartero le entrega a uno de tus vecinos una carta. Esa carta dice que el propietario de donde tú (y el resto de tus cincuenta y tantos vecinos) vives, ahora es otro. Y que tú y el resto de vecinos estáis ocupando sus viviendas.

Sois, para el nuevo propietario, "okupas". ¿Es esta la forma en la que queremos que se garanticen nuestros derechos?

Esto es lo que está ocurriendo a 23 familias de Babilafuente, en Salamanca. Todas están en riesgo de perder su vivienda. Son alrededor del 7% de los habitantes de este municipio salmantino de unos 900 habitantes. Ellos hicieron lo que se suponía que tenían que hacer.

Para entender esta historia hay que empezar por los vecinos. Por Ana, Vanesa, Santiago, Teresa, Jaqueline o Carmen. Entre los años 2019 y 2025, cada uno de ellos firmó su contrato de alquiler en las diferentes viviendas de estos bloques. Pagaron a su arrendador fianzas y mensualidades. Año tras año, así consta en los recibos que muestran a laSexta y en sus cuentas bancarias.

Todos, nos cuentan, hicieron su vida y construyeron su hogar. Y acaban de descubrir que ese hogar se ha construido sobre unos cimientos rotos. "Hemos sido estafados, lo sabemos, y tenemos pruebas", explican.

Víctimas de un engaño por parte de quien consideraban su casero

Entre la documentación que nos enseñan hay una nota simple en la que, según consta, desde 2019 el CIF de la empresa que gestionaba los alquileres estaba revocado. Y, sin embargo, los vecinos aseguran que siguieron firmándose contratos.

Noelia nos enseña el suyo. Está fechado el 1 de octubre de 2019. Aparentemente, un contrato de alquiler convencional: datos de las partes, vivienda, condiciones y cláusulas. Ella lo firmó para entrar a vivir allí. No sabía que años después aquel documento podía convertirse en una de las piezas centrales de un conflicto que amenaza ahora su vivienda.

Antonio, el casero, lo niega todo

A Antonio, el hombre que los vecinos identificaban como su arrendador, laSexta también quiso preguntarle por esos contratos. Llamamos a su puerta: "No tengo nada que decir". Aunque después sí responde brevemente. Cuando le preguntamos por los contratos de 2019, lo niega: "Yo no he hecho contratos en 2019. Todos los contratos que yo hago son legales". Los vecinos sostienen lo contrario y muestran a laSexta contratos que, aseguran, fueron firmados en esas fechas.

"El dificio, lleno de humedades y conectados a luz de obra" sin saberlo

Los vecinos también nos enseñan el estado de las zonas comunes: humedades, cristales rotos y problemas en las instalaciones. Sebas muestra unas paredes afectadas por el agua. Paco nos lleva hasta los contadores de la luz. Explica que están cerrados con un candado que, según asegura, tiene Antonio.

"Si aquí a cualquier piso le pasa cualquier cosa, salen llamas o algo, tiene que bajar a quitarlo. ¿Cómo lo hacemos?", pregunta. Además, aseguran haberse enterado "ahora" de que llevan años conectados a luz de obra. "Antonio nos cobraba la luz sumándolo al alquiler", cuentan. Por eso, dicen, desconocían estar conectados a luz de obra.

Teresa lo resume así: "He estado pagando mi casa, cumpliendo. Él no se encarga de absolutamente nada".

¿Quién protege a quien está cumpliendo?

Y entonces aparece Sareb. El 13 de junio, según explican los vecinos, el edificio pasa a manos de Sareb. Pero para la mayoría de las familias esa realidad no fue descubierta hasta semanas después. "El casero colgó un aviso (que laSexta ha podido comprobar) a mediados de julio. Ponía que, aunque la Sareb era la nueva propietaria, según sus 'abogados', debíamos seguir pagándole a él el alquiler", recuerdan.

Esta fue, dicen, la primera vez que todas las familias fueron conscientes de que sus hogares habían pasado a ser propiedad del banco malo. Es entonces cuando muchos descubren que el problema es todavía mayor de lo que pensaban. Por un lado, para la nueva propietaria (Sareb), esas relaciones de alquiler no quedan reconocidas. Y por otro, el casero les exige un pago que, en realidad, nunca deberían haber hecho, ni antes ni ahora.

De pronto, las familias que llevan años viviendo allí tienen que demostrar su situación. Entenderla. Reunir documentación. Lidiar con ese casero (que sigue viviendo con ellos) y, entre una cosa y otra, trabajar y dar de comer a sus hijos.

Sareb, en realidad, había comunicado a los vecinos ser nueva propietaria así como solicitado la documentación pertinente, a principios de junio. Pero el único vecino que recibió ese aviso, cuentan, fue Antonio.

Joseline asegura que los buzones se instalaron aproximadamente 15 días antes de nuestra visita y que algunas cartas que llegaban eran retiradas o rotas.

Sebas nos enseña los buzones. Están abiertos. Las cartas que han llegado después, cuenta, se han ido acumulando en el único buzón con cerradura: el de Antonio. "Habrá vecinos que se hayan enterado y vecinos que no lo saben todavía", denuncian.

Llegó una segunda carta. Sucedió casi lo mismo. Solo algunos vecinos recibieron la carta, de la mano del cartero, al encontrarse en casa. Y es ahí, aseguran, cuando el casero colgó el avisó en las zonas comunes y todos supieron la nueva realidad que envolvía al edificio.

La burocracia llega después del engaño

Ahora, los vecinos han recibido una última comunicación formal por parte de la Sareb: deben abandonar las viviendas en un plazo máximo de dos meses (ahora mismo, en uno).

Los vecinos hablan de "cartas de desahucio". La orden judicial todavía no ha llegado, pero se sienten "okupas" en su propia casa: así les ha hecho sentir el banco malo al recibir una carta de desalojo. Hablan de "ocupación" y señalan a los vecinos como "ocupantes".

Para la Sareb esto no es más que lenguaje "burocrático y judicial". Y, aseguran, no todos los vecinos deben hacerlo: "Solo quien no haya colaborado".

Sareb: "Estudiamos los casos de forma individual"

Desde Sareb trasladan a laSexta que estudian los casos de forma individual. La entidad asegura que algunos vecinos ya están siendo estudiados para realizarles un contrato de alquiler social y señala que algunos residentes "no han colaborado".

Los vecinos aseguran que a ellos no se les ha trasladado ninguna de esta información. Ni a los que enviaron documentación ni a los que no. Consultados por este hecho, admite Sareb que son procesos "largos y poco amables". Y ya.

"Tan solo queremos explicar toda nuestra realidad. No somos números"

La Asociación de Vecinos La Estación de Babilafuente ha pedido una negociación colectiva con Sareb, La Factoría y Servihabitat para buscar una solución estable para las familias. Reclaman que su abogado, Víctor Palomo, abogado especialista en conflictos de vivienda, pueda estar presente y han ofrecido presentar un proyecto para el futuro de las viviendas.

"Tan solo queremos hablar. Explicar nuestra situación. Muchos de nosotros ya hemos enviado la documentación requerida, pero queremos que se garanticen nuestros derechos. Los de todos. El tiempo no corre para todos igual por culpa de un señor que lleva años estafándonos", denuncian.

El Ayuntamiento tampoco responde

LaSexta ha intentado trasladar estas preguntas al Ayuntamiento de Babilafuente: qué recursos habitacionales tiene el municipio para las familias que puedan quedarse sin vivienda, qué medidas piensa adoptar y qué papel está desempeñando ante la situación de estos vecinos.

Su alcaldesa, María del Carmen Gómez (PP), no atiende a nuestras llamadas. Tampoco fuimos atendidos en el Ayuntamiento cuando acudimos para preguntar por este caso.

Los vecinos denuncian precisamente esa falta de respuesta. Dicen sentirse solos y aseguran que no perciben preocupación por parte del Consistorio.

23 familias. 23 hogares. Y una misma incertidumbre: quién responde cuando una familia ha cumplido con su parte, pero todo lo demás falla.

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