EL CRIMEN OCURRIÓ EN 2007

Absueltos los siete acusados del asesinato a tiros del alcalde de Polop

La Fiscalía pedía entre 25 y 27 años de cárcel para los acusados por el crimen de Alejandro Ponsoda, asesinado en 2007, entre ellos su sucesor al frente de la alcaldía. El jurado popular les ha considerado inocentes por falta de pruebas.

El jurado popular ha decidido absolver a Juan Cano y a los otros seis acusados por el asesinato a tiros del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, en el año 2007.

Los seis hombres y tres mujeres del jurado popular han decidido que no hay pruebas suficientes para aplicar el delito de asesinato a Cano, por entonces concejal de Urbanismo y que posteriormente sucedió a Ponsoda como alcalde de la localidad alicantina, ni tampoco al resto de acusados. Fiscalía y acusación particular pedían para ellos ntre 25 y 27 años de prisión.

El veredicto ha llegado varias horas después de que se cumpliera un día completo de deliberaciones en condiciones de incomunicación, tal y como marca la Ley por el Procedimiento del Jurado, en una vista oral en la Audiencia Provincial de Alicante presidida por la jueza Cristina Costa, que a partir de lo acordado por el jurado ahora deberá dictar la sentencia. El lunes a las 13:00 horas, el jurado recibió las 38 preguntas o proposiciones objeto de veredicto para dar respuesta motivada.

Además de Cano, a quien el Ministerio Fiscal pedía 25 años de cárcel por considerarle presunto inductor del crimen por un motivo de odio, han sido enjuiciados en esta causa el empresario local del calzado Salvador Ros y el propietario y el gerente del club de alterne Mesalina, en el que supuestamente se urdió el asesinato: Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, respectivamente.

También han sido enjuiciados tres presuntos sicarios a los que supuestamente se contrató por 50.000 euros para que realizasen los disparos: Raúl Montero y los checos Radim Rakowski y Robert Franek, para los que se pedía una pena de 27 años al sumar la tenencia ilícita de armas.

Durante el juicio, que se ha prolongado tres semanas, las defensas trataron de desacreditar la versión ofrecida por un testigo protegido, sobre el que se apoyaron las acusaciones y que declaró ante la Guardia Civil que le habían ofrecido inicialmente a él la posibilidad de ejecutar el asesinato.

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