ACUSAN A LAS ONG DE "CRIMIZARLES"
Guardias Civiles denuncian la falta de protocolo de actuación en la valla de Melilla
La Asociación de Guardias Civiles de Melilla ha denunciado en un comunicado la falta de un protocolo de actuación con los inmigrantes que intentan entrar en España. En el texto aseguran que a los agentes no les gusta permitir el paso de las fuerzas marroquíes a la fracción de tierra que hay entre las dos vallas de la frontera. También acusan a las ONG de criminalizarles.
Los agentes desplegados en la frontera de Melilla trabajan sometidos a una presión extrema, según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles. En un comunicado, aseguran que nadie les ha dado unas directrices claras sobre cómo actuar cuando interceptan a un inmigrante tratando de llegar de forma ilegal a España.
“Nos encontramos sometidos a un régimen militar donde el ordeno y mando es el imperativo legal existente y, aunque parezca increíble, seguimos ausentes de un protocolo de actuación”, aseguran en el comunicado.
Califican de “desmesurado”, aunque también de “excepcional” el trato que los inmigrantes recibieron la madrugada del 13 de agosto cuando trataban de saltar la valla de Melilla y fueron devueltos a Marruecos a palos. Los gendarmes marroquíes golpearon a los subsaharianos que se encontraban en el perímetro. Los guardias civiles sostienen que si abren la puerta de la valla a los ‘mehani’ es porque se lo ordenan los altos mandos.
“Tener que abrir las puertas del vallado fronterizo a las fuerzas de seguridad marroquíes para que actúen en zona española con prácticas nada propias de la época en la que vivimos. Tengan claro que los guardias civiles por iniciativa propia no son los que toman esas decisiones”, se quejan.
Además, cuentan que lo que prima a día de hoy es la “devolución inmediata del inmigrante”. Y que no saben ni siquiera dónde empieza el territorio español. Aseguran que los protocolos de actuación cambiaron después de que 15 subsaharianos murieran tratando de llegar a nado a Ceuta, pero que siguen sin ser claros. Por este motivo, exigen a la Delegación del Gobierno que ponga por escrito las directrices a seguir para contar con cierta seguridad jurídica.