Bajos salarios y un personal sobrepasado: lo que falla en las residencias de mayores es el modelo

Juana [pide usar nombre ficticio] entra a su puesto dispuesta a afrontar la contrarreloj diaria que es su trabajo en la residencia de mayores: recoge los medicamentos, los coloca en el carro, los sube, levanta y asea a los residentes que tenga asignados ese día, ducha a los que toque ducharse, los ayuda a vestirse y luego les da la medicación y el desayuno. Todo esto con unas ocho personas como mínimo y en unas dos horas y media. Este verano ha llegado a atender a catorce en una mañana, asegura, para lo que tenía que entrar antes de su hora.

Si hacemos cuentas, no salen: entre 10 y 18 minutos para cada persona a las que hay que ayudar a levantarse, lavarse, vestirse y comer. Hay mayores autónomos, pero cada vez hay más grandes dependientes, para los que hace falta más tiempo. Luego toca llevarlos a sus citas correspondientes: fisioterapia, podología, terapia ocupacional... Y después recogerles para que estén listos para el horario de visitas.

Juana trabaja en el centro público Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares (Madrid), pero este escenario de carrera frenética es el que viven casi en cualquier residencia las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) o gerocultoras, las diferentes nominaciones que hay para el puesto que cubre la principal atención directa a los mayores en los geriátricos. Su trabajo es mucho más que atender a los residentes y también se ocupan de contabilizar ropa, lavar sillas de ruedas o revisar si necesitan artículos de aseo, entre otras funciones. Todo por un salario que está en torno a los mil euros, que puede llegar a 1.200 si hacen horas extra o festivos.

Y hasta ahora solo hemos hablado de atención básica, física: lo de tener tiempo para escuchar sus necesidades ya es una quimera: "No te da la vida y ellos a veces no quieren que les haga nada, solo conversación, pero no da tiempo", apunta esta joven de 28 años.

Más personal, mejor atención

La clave de esta situación está en cuántos profesionales hay para atender a cada mayor, las llamadas ratios de personal de atención directa por cada residente. En los países nórdicos, el modelo al que deberíamos aspirar según los conocedores del sector si queremos una buena atención, está en el 1 o por encima. En España está entre el 0,20 y el 0,59, dependiendo del centro y la comunidad autónoma.

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) pide subir las ratios hasta el 1,13, con la que se alcanzaría una atención directa de cinco horas diarias para cada persona frente a las dos aproximadas que se dedican actualmente.

De momento, ese objetivo queda lejos de hacerse realidad, ni con las mejoras aprobadas recientemente. En Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso elevó un 37% la inversión en residencias en 2021 con la que subió la ratio hasta el 0,33. También el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra acordó el pasado mes de junio junto con las comunidades autónomas un plan para las residencias que elevará de forma progresiva la ratio hasta alcanzar el 0,43 en 2029. Belarra se mostró muy "satisfecha" por un acuerdoque pretendía "mejorar la calidad de las residencias".

Lo cierto es que esas ratios quedan lejos de las del modelo nórdico que propuso Podemos cuando todavía estaba Pablo Iglesias al frente de la cartera y que también ha defendido Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. La ratio se ha quedado a la mitad por el camino.

Miguel Vázquez Sarti, de Pladigmare, que participó en la mesa civil en la que el Ministerio se reunió con organizaciones del Tercer Sector, considera que este sistema es fruto de la "dejación de las CCAA [que tienen las competencias en asuntos sociales], que lo han dejado en manos privadas, y cuando ha llegado la tragedia han empezado a aflorar las cosas", en referencia a la pandemia.

En su opinión, considera que este acuerdo no se ha hecho pensando en los mayores, "sino en el beneficio de las empresas", y reclama que este sector se vea como "inversión", porque "redunda en beneficio de la sociedad" en forma de empleo y cotizaciones.

En España, este sector nació de la mano de empresas y fundaciones religiosas y poco a poco se ha ido introduciendo el sector público. Según Josep de Martí, director del comparador de residencias privadas Inforesidencias.com, este es el motivo por el que el coste de cada plaza se ha ajustado tradicionalmente al precio que pueden pagar los usuarios, aunque ha sido a costa de bajos salarios y falta de personal.

Hoy todavía hay una gran mayoría de residencias privadas. Como ejemplo, solo el 16% de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid son públicas, según el Registro de Centros de Servicios Sociales. De las privadas, 156 son concertadas o tienen parte de sus plazas concertadas.

Pero más allá de percepciones individuales, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) analizó residencias de toda España y estimó que cada gerocultor dedicaba a una persona con dependencia entre 40 y 88 minutos al día, algo con lo que consideran "imposible" dar una atención suficiente.

Esa atención apresurada puede llegar a tener consecuencias perniciosas para algunos mayores, algo que percibe a diario Ana Sotodosos, auxiliar de enfermería en la residencia pública de gestión privada Moscatelares, de la Comunidad de Madrid: "Hay personas con demencia con las que, si vas muy deprisa, lo ven como una agresión. Les causa estrés, y a ti porque no llegas".

De la conversación con cualquier profesional del ramo se deduce que la realidad con personas dependientes es mucho más complicada que una ratio matemática: "Hay personas que pierden el apetito, se niegan a comer y hay que dedicarles tiempo; igual necesitas media hora, pero solo tienes diez minutos para cada uno", lamenta Sotodosos.

En varios testimonios recogidos para este reportaje, las auxiliares reflejan que en muchas ocasiones ni siquiera usan las grúas para mover a los grandes dependientes porque no les da tiempo: el manejo de esa herramienta es más lento que coger a alguien en brazos, por lo que acaban optando por esta última opción, normalmente entre dos compañeras. A la larga, este exceso de carga física implica un desgaste mayor para las profesionales, además de aumentar el riesgo de lesiones a la persona dependiente.

El anhelado modelo nórdico

Cuando comparamos modelos residenciales, todo el mundo mira hacia los países nórdicos. Noruega o Suecia tienen lo más cercano al sistema ideal, y de allí ha copiado el Gobierno central la idea de acabar con las macrorresidencias y transitar hacia un modelo de "unidades de convivencia". En España hay algún ejemplo de ese modelo, como la residencia Lamourous en el País Vasco.

Se trata de centros más pequeños -de menos de 50 habitantes- y con más personal por cada usuario de la residencia, una ratio por encima del 1. El Estado costea buena parte y la atención domiciliaria tiene un gran protagonismo. El problema es que el coste de ese modelo es también mucho más elevado que el nuestro.

¿Cuánto? Mucho. Un estudioelaborado en 2018 por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, estimó que harían falta invertir entre 7.200 y 7.600 millones de euros en el sector de la dependencia para garantizar una atención adecuada a las personas. De esas, retornarían al erario público cerca de 5.000 millones.

Josep de Martí ha visitado y recopilado datos de residencias privadas de todas Europa, y ha elaborado su propio índice, con el que compara el precio de una plaza en las residencias con respecto a una media entre el salario mínimo y medio de cada país. Así, y según este índice, España tendría uno de los modelos más baratos, con un 1,09, la mitad del 2,29 de Noruega. Esto significa que en España una plaza privada cuesta algo más que un sueldo entre el salario medio y el mínimo, mientras que en Noruega serían 2,29 sueldos de ese mismo nivel.

El índice IR: ¿cuántos sueldos medios-mínimos hacen falta por cada plaza de residencia?

Martí considera que el modelo que tenemos en España es lo más eficiente posible para el coste que supone –menos de 70 euros al día por persona, indica-, pero considera que las auxiliares "ganan muy poco" y deberían tener mejores salarios. En los países nórdicos, el precio de cada plaza alcanza el doble o más de esos 70 euros.

En España, "la ratio de personal contando todo -atención directa e indirecta- se suele mover alrededor de un 0,5, y cuando sales fuera es 0,8", anota Martí, que reclama a los gobiernos una visión "estratégica" de la dependencia: "Una parte importante de lo que gastas se convierte en un retorno para el Estado y vuelve al sistema", añade.

En concreto, dice, "Suecia es un ejemplo para casi todo el mundo", tanto para quienes defienden un sistema eminentemente público como para quienes quieren la gestión privada. Allí existe la libertad de elección de centros, uno de los principales reclamos en España de la patronal del sector. Según sus cálculos, si nos trajésemos el modelo de Suecia aquí valdría 4.000 euros cada plaza. Y concluye: "Aquí falta gente; no se puede atender a una persona por 1.800 euros", en alusión al precio medio de una estancia en España.

El personal, insuficiente, quemado y mal pagado

Salvo algunos centros que ofrecen unos servicios de alta calidad, con el consecuente aumento de precio, en las residencias privadas el panorama de falta de personal es similar. Luis Méndez, hijo de una residente de un centro del grupo Orpea, en Meco (Guadalajara), lo ve a diario cuando visita a su madre: "Van súper rápido porque no tienen tiempo, hay una situación de estrés y eso se transmite a los residentes".

El resultado de todo este ritmo vertiginosos es un alto absentismo laboral y un escape a puestos en hospitales, mejor pagados y de menor exigencia. Además, los sindicatos denuncian que las bajas se cubren muy tarde: "En verano nos hemos visto y deseado para que se cubriera todo", afirma Ana Sánchez, delegada del sindicato CSIF en el centro Nuestra Señora El Carmen de Colmenar Viejo (Madrid).

Aunque la mejora de plantilla que aprobó la Comunidad de Madrid el pasado año ha llegado, sigue resultando "insuficiente" a ojos de este sindicato: "Nos encontramos con incapacidades temporales y renuncias que tardan mucho en cubrirse". Además, sospecha que la dirección no está reflejando correctamente esta falta de personal: "Ellos dicen que la ratio está bien, pero llega el fin de semana y tenemos necesidades de servicio (…), una cosa son las personas contratadas y otra la realidad del día a día", denuncia.

Por su parte, desde la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid aseguran que inspeccionan y "vigilan que se cumpla escrupulosamente" el contrato marco que tiene cada residencia", llegando a "sancionar" si no se subsanan incumplimientos.

Los fines de semana que cita Sánchez se acaban cubriendo por el resto de compañeras, como explica María, compañera de Juana en la residencia de Alcalá de Henares, lo que repercute en un agotamiento por falta de descanso: "Nos piden cubrir turnos de otras, terminamos reventadas", explica al teléfono. Por ello, asegura que muchas compañeras "salen disparadas a hospitales", donde las condiciones son mejores". En su caso, su vocación le ayuda a aguantar: "Me encanta estar con ellos y ayudarlos".

Esta falta de personal no es una percepción personal de María, sino que fue constatado por la dirección del centro: según una comunicación que ha podido consultar laSexta reconocían que hay puestos "sin cubrir" de TCAE y DUE [enfermeras], pero que tenían serias dificultades para contratar por la "escasez de profesionales sanitarios".

Desde UGT describen la misma situación, que se repite por igual tanto en las residencias de gestión pública como en las privadas. Además, denuncian que en muchas concertadas las empresas se han escaqueado de actualizar los salarios conforme al IPC de 2021, tal y como deberían haber hecho según el convenio marco sectorial. Así lo reflejó ya en junio la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, mediante una sentencia fallada a favor de CCOO y UGT en la que reconocía el derecho de los trabajadores a recibir ese aumento de sueldo y en la que instaba a la patronal a publicar las nuevas tablas salariales.

Cuando actualicen dichas tablas, el salario base de una gerocultora estaría en 1.060 euros.

"La patronal llora mucho porque no encuentra personal, pero no han mimado a sus trabajadores, ya desde antes de la pandemia", apunta Carlos Moreno, responsable de Dependencia UGT Sector Privado en Madrid.

Desde la patronal acusan una falta de personal, en especial de enfermeras. En una respuesta escrita, Jesús Cubero, Secretario General de Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), considera que en España "tenemos una importante falta de profesionales en el sector sociosanitario".

Por ello, su demanda pasa por "incrementar de forma inminente el número de profesionales que se forman en nuestras universidades", así como "agilizar" la homologación de titulaciones. Así, insisten en solicitar un plan "que contemple el número de profesionales sociosanitarios que vamos a necesitar durante los próximos años, y que garanticemos que nuestro país dispondrá de ese número de profesionales", concluye Cubero.

Pasado el colapso de la pandemia, el debate sobre las residencias se había acallado, pero recientemente ha vuelto a cobrar importancia tras la viral denuncia de Mariano Turéganosobre las condiciones de su residencia, así como por el libro de Alberto Reyero, exconsejero madrileño de Ciudadanos, que ha denunciado la gestión de las residencias madrileñas en lo peor de la pandemia.

Juana estuvo al frente en aquellos duros meses de 2020, y ha seguido encadenando contratos temporales desde entonces. A pesar de la falta de personal que aqueja el sector, conseguir estabilidad laboral no es fácil. La situación es mejor que en la pandemia, claramente, pero las condiciones y el ritmo de trabajo perpetuadas han terminado por rematar los ánimos. Y así lo resume perfectamente ella, tirando de argot moderno: "La gente que lleva años está quemada, no, lo siguiente".