Obras ilegales

Cerrar para no quitar a Franco: la triquiñuela del Obispado de Getafe para no cumplir la Ley de Memoria Democrática

"Edificar para convertirlo en un lugar privado necesitaría de una licencia de actividad, por tanto se enfrentaría a otro delito, además de unas sanciones económicas de hasta 300.000 euros", explica Eduardo Ranz, abogado especializado en Memoria Democrática.

En breve

En Getafe hay un cerro enorme que se puede ver desde la autovía gracias a una imagen enorme de Cristo. Lo que se ve menos y pertenece al Obispado, pero es de acceso público, es una placa de Franco. Una que el Ayuntamiento de Getafe ha pedido que se retire. "Tiene la obligación de retirarlo y de cumplir la Ley de Memoria Democrática", asegura el concejal de Más Madrid - Compromiso Con Getafe, Jesús Pérez, en relación a la negativa del Obispado.

La escritura en piedra da las gracias al dictador por reconstruir el monumento. En Vox critican que se quiera retirar. Defienden que pueda haber personas que quieran ir a venerarla. "Quien reconstruyó el monumento libró a España de una cruel y sanguinaria dictadura de corte soviético", ha señalado en el Pleno del Ayuntamiento su representante, José Manuel Fernández.

PP y Ciudadanos se han abstenido, pero criticando a la alcaldesa. "Seguro que los vecinos de Getafe tienen entre sus máximas preocupación su retirada", ha expresado irónicamente el de Ciudadanos, Fernando de Gracia. Mirene Presas (PP), por su parte, cree que la alcaldesa solo busca el enfrentamiento y la crispación. Ella se ha defendido asegurando que lo único que hace es cumplir la ley. "Una ley aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados", ha explicado a la cámara Sara Hernández.

El Obispado ya ha anunciado que habrá obras en el cerro. Quiere mantener la placa con una triquiñuela: limitando el acceso a la parte donde se encuentra. Esto podría sentar en el banquillo al obispo por otro delito, en lugar de por desobediencia. "Edificar para convertirlo en un lugar privado necesitaría una licencia de actividad, por tanto se enfrentaría a otro delito además de unas sanciones económicas de hasta 300.000 euros", explica Eduardo Ranz, abogado especializado en Memoria Democrática. El requerimiento final para quitar la placa lo debe hacer la Fiscalía de Memoria Democrática, que no estará creada hasta bien entrado el año que viene.

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