EL GOBIERNO APRUEBA EL DECRETO SOBRE LOS DESAHUCIOS SIN EL PSOE
El Gobierno crea un decreto 'antidesahucios' orientado a solucionar casos extremos
El Decreto-Ley aprobado establece una prórroga de dos años para familias numerosas, con menores de tres años a su cargo o personas en situación de incapacidad y parados sin prestación, siempre que su renta sea inferior a 19.200 euros.
El Gobierno ha aprobado un decreto urgente que paraliza los desahucios durante los dos próximos años y establece un mandato para crear un "fondo social de viviendas", una bolsa de viviendas que podrán ser alquiladas a bajo precio a personas que han perdido su casa por no poder pagar la hipoteca.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva normativa es una "respuesta urgente y paliativa" a la "dura" situación económica y constituye la primera fase de medidas que se adoptan por "razones humanitarias" para los colectivos con problemas para pagar su vivienda.
La intención del Gobierno es tramitar el Real Decreto-Ley en las Cortes como Proyecto de Ley y abrir así un diálogo con aportaciones "de todos los grupos, especialmente el PSOE", dijo la vicepresidenta.
Finalmente, y a pesar de que durante los últimos tres días Gobierno y PSOE han celebrado reuniones maratonianas para consensuar un texto, la norma aprobada no ha contado con el respaldo de los socialistas.
Según ha dicho la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, ha sido imposible lograr un pacto por la falta de compromiso del Gobierno con una futura reforma de la legislación hipotecaria y porque consideran que la moratoria que ha salido adelante es "muy restrictiva" y "un parche".
No obstante, el PSOE ha mostrado su disposición a participar en el proceso parlamentario y ha anunciado que exigirá que incorporen elementos tratados en las reuniones de los últimos días y su proposición de ley. Saénz de Santamaría ha pedido "responsabilidad" al PSOE a la hora de abordar los cambios normativos y, entre los aspectos que tendrán que definirse en el trámite del Congreso, ha mencionado algunos incluidos en la propuesta de los socialistas.
Según la vicepresidenta se abordarán cambios en los intereses de demora, medidas para garantizar la independencia de las tasadoras respecto a los bancos, evitar el sobreendeudamiento de las familias e iniciativas para evitar las cláusulas abusivas en las hipotecas.
El texto aprobado hoy contempla la suspensión de los procedimientos de ejecución hipotecaria para determinados colectivos sociales que cumplan unos requisitos de renta.
Podrán beneficiarse familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y si se dan algunos supuestos de violencia de género.
También podrán acogerse deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.
Al mismo tiempo, será necesario tener una renta inferior a tres veces el IPREM -1.597 euros mensuales, es decir, 19.164 euros anuales- o que se haya producido una alteración de las circunstancias económicas. Se entenderá por esto último cuando el peso de la cuota hipotecaria sobre los ingresos aumente en un 50% en los últimos cuatro años, o que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos. En todos los casos, la vivienda hipotecada tiene que ser la residencia habitual.
En cuanto al alquiler, el ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló que la bolsa de pisos se nutrirá de los inmuebles de la banca adjudicados por impago, muchos ahora en manos del FROB.
En cuanto a la dación en pago, el ministro recordó que es algo incluido en el Código de Buenas Prácticas de la banca y opinó que no es la solución "ideal", ya que el propietario pierde su vivienda e implica contratos hipotecarios más caros."Lo que queremos evitar es que alguien se vaya de su casa", dijo.
Asimismo, explicó que el decreto-ley se limita al proceso de lanzamiento (la fase final del procedimiento de ejecución hipotecaria que normalmente coincide con el desahucio) y no modifica la Ley Hipotecaria.