Crisis de la vivienda

La lucha de vecinos de Vallecas tras la compra de viviendas sociales por un fondo buitre: "¿Me voy debajo de un puente?"

Los detalles Varios bloques de alquiler social de Ensanche de Vallecas han pasado a manos de un fondo buitre y los vecinos denuncian el acoso para echarles a través de "empresas externas de desokupación".

El drama de la vivienda se repite una y otra vez en muchos puntos de España. Los últimos afectados son los vecinos de varios edificios en el Ensanche de Vallecas, en Madrid, inquilinos de unos pisos bajo el régimen de alquiler social. Pasados los años, la ley obliga a sacar esas viviendas al mercado libre y ahí es donde ha entrado un fondo buitre, que ha aplicado la misma fórmula de siempre: compra los apartamentos y ahora, les quiere echar echar para poner las casas a un precio mucho más alto.

Una de las afectadas es Mercedes Plaza. Lleva 12 años viviendo en estos bloques que pertenecían a la obra social de "la Caixa". Cuenta a laSexta que se lo facilitaron porque es mujer maltratada. Después de más de una década en esa casa, en octubre recibió un burofax por el que descubrió que pasaba a manos de un fondo buitre en el que la avisan de que no le van a renovar el contrato. "Soy una persona mayor. ¿Dónde me voy? ¿Debajo de un puente?", pregunta.

Miriam García se encuentra en la misma situación y muestra su angustia ante la falta de opciones. "Nos quieren echar a todos. Tengo mucho miedo. No tengo alternativa habitacional", comenta a laSexta.

No solo eso, muchos de los vecinos afectados aseguran estar recibiendo amenazas para irse. Uno de ellos, Juan Carlos Manso, explica que el fondo "está ofreciendo 7.000 euros a la gente" para que se marchen. David Jiménez lo confirma y añade que "la presión está siendo extrema" y que se encargan "empresas externas de desokupación". "Engañan, mienten, manipulan a los vecinos...", añade.

Calculan que el 30% de las casas ya tienen otro uso como "viviendas de temporada, vacacionales y turísticas".

Manso cuenta que se quieren quedar en el barrio, pero sería pasar de no pagar más de 500 euros a 1.200 o 1.500 euros. "Te pones a mirar y te piden dos o tres meses de fianza", relata. Por eso, han iniciado un proceso judicial y han solicitado la prórroga de sus alquileres.

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