MARRUECOS ASEGURA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN IRREGULAR
Marruecos mantiene hacinados a los 1.500 inmigrantes expulsados del Gurugú
Se cumplen 12 días desde que el monte Gurugú fuera calcinado, 1.500 subsaharianos, que esperaban para cruzar la valla de Melilla, siguen hacinados en Marruecos sin ningún tipo de derechos. laSexta Noticias ha localizado a algunos de los subsaharianos desalojados. Marruecos dice que están en situación administrativa irregular, pero las ONG temen que ahora los abandonen en el desierto. Bruselas pedirá explicaciones al gobierno español que ya ha dicho que no piensa "inmiscruirse" en la política de su aliado.
Se cumplen doce días desde que los campamentos del Gurugú amanecieron calcinados y sus habitantes aún siguen retenidos por Marruecos. Unos 1.500 subsaharianos, dispersos por todo el país.
Siguen esperando. Algunos en condiciones de hacinamiento en lugares improvisados como escuelas o polideportivos. Es el caso de Keita: "No podemos salir de aquí. Hasta ahora nadie nos ha dicho ni siquiera dónde estamos, sólo que íbamos a una ciudad de Marruecos".
Cuenta que fue detenido justo después de saltar la valla de Melilla. Víctima de una de esas devoluciones en caliente que el ministro del Interior niega. "Fuimos interceptados por la Guardia Civil y ellos nos entregaron a las autoridades marroquíes. Después algunos recibieron golpes y sufrieron heridas graves".
Keita no ha tenido derecho ni a intérprete ni a abogado, ahora teme que le expulsen al desierto como ya ocurrió en 2005 tras otra gran redada contra inmigrantes . Además advierte, entre los detenidos también hay menores y posibles solicitantes de asilo.
Bruselas ya ha anunciado que pedirá explicaciones a Marruecos. España ha dejado claro que no piensa "inmiscuirse" en la política de su país aliado.
En total, una veintena de mensajes
IU denuncia ante la Fiscalía los mensajes de odio de Alvise y un edil de Vox tras el crimen de Mocejón
El partido ha registrado una veintena de mensajes publicados en redes sociales que quiere que la Fiscalía investigue por posible delito de odio. Algunos son anónimos, pero otros los escribieron cargos públicos, como el eurodiputado ultraderechista Alvise Pérez.