El matrimonio de la 'casa de los horrores' de Oviedo niega la detención ilegal de sus hijos y alega haber sufrido un "miedo insuperable" a la pandemia

La defensa del matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años en una vivienda situada a las afueras de Oviedo alega que no existió una detención ilegal de los menores, sino que fue un aislamiento voluntario por parte de unos padres por el "miedo insuperable" que sentían al haber estado enfermos de coronavirus.

Así lo ha dicho Javier Muñoz, uno de los abogados defensores del matrimonio, a la entrada de la segunda y última sesión del juicio que se celebra desde ayer a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Oviedo y en la que prestarán testimonio los progenitores.

En declaraciones a los periodistas, la defensa del matrimonio ha rechazado que se aplique la "etiqueta estigmatizante" de 'La casa de los horrores', como fue bautizada por los medios de comunicación, porque esa situación "no existe".

"Aquí lo que habido es una familia con comportamiento disfuncional, con un comportamiento anómalo, pero, desde luego, no criminal", ha apuntado el abogado tras señalar que se trata de una familia extranjera que "no conoce el idioma" y que "decide autoconfinarse" y educar a sus hijos en casa.

Según el abogado de la madre, los padres crearon una "célula en la que vivieron aislados", si bien no ha habido "ningún tipo de detención" ilegal de los menores, dado que estos tenían la libertad de deambular por el hogar.

Ello fue consecuencia de un "miedo insuperable e irracional" de los padres tras haberse contagiado de COVID y "de haber estado enfermos durante bastante tiempo", por lo que "no pudieron regularizar su situación en España".

Reconocen que es una situación "extraordinaria y anómala, pero no constitutiva de delito"

La defensa ha señalado que los tres niños estaba aseados y "no presentaban malformaciones" y que el hogar "no estaba en la situación que se ha pintado", con zonas "perfectamente ordenadas" y otras en la que había "mucha acumulación de enseres", lo que no supone un delito.

"Es una situación extraordinaria, anómala, extraña, pero no constitutiva de delito. Tener la casa desordenada no es un delito y no escolarizar a los hijos en un centro oficial no es un delito, puede ser una infracción administrativa y puede ser reprochable desde el punto de vista personal o social, pero no jurídico", ha apuntado el letrado.

Con todo, la abogada del padre, Elena González, ha sostenido que haber optado por la vía penal para resolver esta situación es "la más perjudicial" porque "se ha desmembrado una familia".

"No es una situación ortodoxa, pero, desde luego, no es una situación criminal. Es una cuestión puramente asistencial de una familia con problemas y un comportamiento anómalo", han sostenido.

La defensa pide la absolución del matrimonio y la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el Gobierno asturiano, solicitan sendas penas de 25 años y cuatro meses de prisión por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

El Ministerio Público sostiene que los padres mantuvieron encerrados a sus hijos entre diciembre de 2021 y abril de 2025 por un "miedo infundado a un hipotético contagio" y durante todo ese tiempo no fueron escolarizados ni tuvieron seguimiento sanitario alguno.

Los dos gemelos, que entonces tenían ocho años, y su hermano, que contaba diez y que ahora viven bajo la tutela del Gobierno asturiano, estuvieron aislados de forma absoluta del mundo ya que, siempre según la versión del ministerio público, se les negó todo contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación.

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