La Policía abre un expediente informativo para analizar el acuerdo entre el SUP y Desokupa para formar a agentes

La Dirección General de Policía ha abierto un expediente informativo para analizar el acuerdo alcanzado entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Club Desokupa tras recibir los informes solicitados el pasado domingo, 4 de agosto, a la Abogacía General del Estado y a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.

Según detalla la Dirección General de Policía en un comunicado, este expediente buscará recabar toda la información sobre la compatibilidad de los agentes en activo que impartirían la formación extracurricular ofrecida por el sindicato policial a los miembros del cuerpo.

Mientras se resuelve este expediente informativo, el Ministerio del Interior ha pedido un informe a la Abogacía del Estado para conocer si el convenio en cuestión afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y, en su caso, cuál sería el procedimiento administrativo a seguir para corregir las irregularidades que puedan producirse.

Por su parte, el SUP ha emitido un comunicado en el que aclaran que su acuerdo con Desokupa "no implica la utilización de fondos públicos ni subvenciones de ningún tipo", añadiendo que la financiación del programa es "completamente ajena a recursos públicos". "El SUP es un sindicato comprometido con la transparencia y la legalidad en todas sus actuaciones, motivo por el cual confiamos plenamente en que el proceso administrativo iniciado confirmará la absoluta regularidad de este acuerdo de colaboración", sentencian.

El resto de sindicatos policiales se han distanciado de estos cursos, con los que el polémico grupo buscaba formar a "miles" de policías. Esta empresa ganó notoriedad por lucrarse por 'mediar' con los okupas al margen de las órdenes de los juzgados. La Policía se apresuró a desmentir que los cursos anunciados junto al SUP fuesen "homologables ni baremables".

Además, la Policía dejó claro que los cursos "no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de Policía". Por su parte, Sumar llevó al Congreso el acuerdo, pidiendo la ilegalización de este "grupo violento" por "realizar afirmaciones xenófobas, fascistas, organizarse paramilitarmente y actuar vulnerando la legislación vigente y los derechos humanos".

"¿Va a iniciar el Ministerio del Interior actuaciones para que los tribunales ilegalicen grupos escuadritas como Desokupa, a la vista de su interés en penetrar en las fuerzas de seguridad y atendiendo a la prohibición de grupos paramilitares que se incluye en el articulo 22 de la Constitución?", se pregunta Sumar.