¿Puede obligarme un juez a ponerme la vacuna contra el COVID-19?

Vacunarse no es obligatorio. Este es un hecho que el propio Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha repetido en diversas ocasiones. Las leyes actuales rigen que, incluso en mitad de la pandemia más dura que hemos vivido, la sociedad tiene la última palabra acerca de lo que se hace con su organismo.

Ahora bien, precisamente por esta urgencia sanitaria, ¿cabe la posibilidad de que se nos 'obligue' a vacunarnos? Hay un caso que ha puesto esta pregunta encima de la mesa: el pasado sábado, un magistrado del juzgado de Instrucción número 2 de Santiago ordenó vacunarse contra el COVID-19 a una anciana (aun a pesar de que su familia estaba en contra).

No obstante, tal y como explica el magistrado Joachim Bosch a laSexta.com, este ejemplo no es extrapolable al conjunto de la sociedad: "Nadie puede someterse a un tratamiento médico no deseado, y eso está fundamentado constitucionalmente en el derecho a la intimad corporal. Es decir, no, a no ser que sea un caso muy concreto, no pueden obligarte a vacunarte", indica.

El experto recalca que lo ocurrido en Santiago fue un suceso muy puntual que, además, pudo ser justificado por lo que marca la propia ley. Como muestra el auto al que ha tenido acceso laSexta.com, en el documento se argumenta que la vacuna "es segura", y que se ha ordenado su inyección porque tiene más beneficios que riesgos. Además, y esto es lo más importante, insiste Bosch, se ha aplicado el auto en una persona que no tenía capacidad para decidir.

"La ley de Autonomía del paciente establece que, en los supuestos en los que haya un representante legal que decida, la decisión final no se toma en función de las ideas de la familia, sino en beneficio de la vida o salud de la persona afectada", explica el magistrado. "Es como un guante", exclama, y sentencia: "Aquí el juez, gracias a la ley, lo tenía más que justificado".

¿Hay más casos en los que podría forzarse la vacuna?

Bosch recuerda que todo es posible mientras la ley lo permita así. Si bien la normativa actual prima la independencia de los ciudadanos ante la pandemia, esto podría cambiar de forma relativamente sencilla: "El Gobierno y las autoridades sanitarias tienen instrumentos para establecer la vacuna como obligatoria. Estos se basan en la Ley de Medidas Especiales del año 1986", afirma el magistrado.

Sin embargo, las posibilidades que plantea este texto generan dudas en el experto: "Al fin y al cabo, no es una ley para vacunar a la gente. Tiene una regulación muy genérica para actuar contra la propagación de enfermedades, pero estamos hablando de algo muy amplio".

Ahora bien, tal y como señala Bosch, podríamos ponernos en casos hipotéticos en los que la vacunación (o no vacunación) se convirtieran en un verdadero problema. Si nos trasladamos a dentro de unos meses, cuando las campañas de vacunación se hayan extendido, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un empresario obliga a sus empleados a vacunarse? Y si estos no lo hacen, ¿estaría justificado el despido?

De nuevo, todo dependerá de la regulación. Si las leyes dan pie a esto, podría estar justificado, aunque el magistrado insiste en lo dicho anteriormente: "Si la vacuna no es obligatoria, es muy complicado tomar medidas contra quien no quiera ponerse la inyección, porque técnicamente no está haciendo nada ilegal. Si las empresas deciden tomar acciones disciplinarias, podrían caer en un despido improcedente".

Aun así, también dependería del caso en el que se viera envuelto esa empresa: "No es lo mismo estar en una entidad donde se trabajan con personas vulnerables que en otra donde prima el teletrabajo. Es cierto que las empresas, en sus plan de riesgos laborales, pueden tomar medidas. Otra cosa es que sean convalidadas por el juzgado o no".

Y si eres sanitario, ¿estarías obligado a vacunarte?

Una vez, más, aun a riesgo de redundancia, como apunta Bosch, dependería de la regulación existente. El experto considera que sería posible una excepción legal para ordenar a todos los sanitarios una vacunación (también podría aplicarse en el personal de residencias). Y en este caso, "estaría clarísima la obligatoriedad". Pero no es el caso actual, por lo que estas personas todavía pueden negarse a recibir la inyección si así lo consideran.

El Gobierno y los jueces: ¿qué papel juegan en este aspecto?

El precedente de Santiago hace que todavía ronden algunas preguntas con respecto a la vacunación obligatoria. Por ejemplo, ¿hasta qué punto puede depender el auto de las creencias del juez en cuestión?

"Hipotéticamente, la independencia judicial hace que cada juez tenga autonomía. Es posible que un juez antivacunas hubiera tomado otra decisión, pero me parece muy difícil; básicamente porque la ponderación de los riesgos de vacunarse (y no vacunarse) era muy clara. En este caso hay informes médicos que avalan la decisión, así que esta no puede ser tomada por las ideas personales que tenga el magistrado", apunta el experto.

También el Gobierno tendría que replantearse unas cuantas cosas si quisiera oficializar la obligatoriedad de la inyección. Como resaltaba antes Bosch, tiene medios para hacerlo, pero en esta cuestión es casi menos importante el qué que el cómo. "¿Cómo se obligaría a la gente? ¿Es admisible que la Policía detenga a la población, la ate a una camilla de un hospital y les ponga la inyección? Eso vulneraría unos cuantos preceptos constitucionales", apunta el magistrado.

En cambio, una solución más plausible, según el experto, estaría en la vía indirecta. Es decir, en lugar de forzar físicamente a la ciudadanía a vacunarse, establecer en la ley sanciones o multas: "Sería mucho más posible", sentencia Bosch.

Así, con todas estas asunciones, el experto cree que lo ideal es tener una regulación nueva y, sobre todo, detallada en este sentido: "Realmente, es la razón por la que el auto de Santiago ha salido adelante. Si se aplicara esta regulación a todos los supuestos que hemos tratado, no se generarían tantos conflictos. Pero si no hay nada detallado, el follón está asegurado", concluye.