PERJUDICA LA FORMA DE VIDA DEL PUEBLO

Más de 120.000 firmas para frenar un proyecto de mina a cielo abierto amenaza a la sierra de Ávila

Los vecinos de la Sierra de Ávilase movilizan contra una mina a cielo abierto. Creen que la mina de feldespato contaminará la zona a cambio de un puñado de empleos. La empresa niega estas acusaciones.

Los vecinos del Cerro de Gorría, en Ávila, sienten que su medio de vida está en peligro. Allí, la agricultura y la ganadería son su principal fuente de ingresos. "Son los que tienen la mejor carne del mundo", explica uno de los miembros del movimiento contra la mina.

Recursos naturales que podrían verse muy afectados si este proyecto de mina a cielo abierto se lleva a cabo. "Cuando haces un cráter de 45 metros de profundidad, el daño en la zona es irreversible", señala Noelia Cabello, ganadera y bióloga.

Creen que las consecuencias de esta explotación ganadera serían muy graves. "Destrozamos todos los acuíferos que hay en la zona y nos quedamos sin agua en la zona de los pueblos, y por supuesto la ganadería", añade Cabello.

Este paisaje se transformaría por completo y el impacto medioambiental dañaría la flora, la fauna y también, según la plataforma contra la mina, afectaría a la salud de sus habitantes.

"La suspensión que crean las minas de cielo abierto, de feldespato, se posarían en la flora y afectaría notablementela extracción del néctar", argumenta Isaac Hernando, agricultor. "A las casas rurales vienen a disfrutar de la naturaleza. Si aquí hay minas, esto está sucio", confiesa José María Hernández, alcalde de Manjabálago.

Los vecinos ya llevan seis meses en pie de guerra, han presentado más de 120.000 firmas para frenar lo que para ellos es una grave amenaza. La Ley de Minas, vigente desde el franquismo, permitiría la expropiación de sus tierras. "La Ley de Minas es dominadora, nos desprecia a los habitantes de esta zona", acusa una vecina.

La empresa que está detrás de este proyecto, no ha querido hacer declaraciones a cámara, pero en un comunicado asegura que las quejas de los vecinos no son más que falsedades. Ahora, la última palabra la tiene la Junta de Castilla y León.

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