Víctimas de violencia económica relatan su calvario: "Lo único que quería era morirme"

La pareja de Rosalía ejercía tal control económico sobre ella que no le permitía usar sus tarjetas de crédito e incluso le impedía abrir las cartas del banco. Ella sufrió lo que se conoce como 'violencia económica': la que ejercen los maltratadores controlando el acceso de sus víctimas al dinero o dejando a los hijos sin la pensión alimenticia.

"Yo no tenía dinero porque él, el dinero que yo trabajaba, me lo tenía controlado", relata Rosalía, que incluso intentó quitarse la vida. Recuerda que sentía verdadero "terror" hacia su pareja. "Yo lo único que quería era morirme e intenté suicidarme", explica.

Finalmente tomó la decisión de separarse y se marchó a una casa de acogida. Sin embargo, cuando por fin pudo acceder a sus cuentas, descubrió que su maltratador se lo había llevado todo. "Sacaba 5.000 euros, 4.000 euros, 9.000 euros, 7.000 euros...", recuerda. Cuando preguntó en el banco por qué le habían entregado el dinero a su expareja, le respondieron que creían que ella estaba al tanto.

Rosalía, madre de dos hijos, tardó casi dos años en conseguir que un juez le obligara a pasarle una pensión de 250 euros al mes.

También las dos parejas de Raquel ejercieron el control económico sobre ella, no pasándole ni un céntimo de pensión. Una situación que sufrieron sus hijas, al "verse siempre diferentes a los demás". "No llegábamos a tener los Reyes, la ropa, zapatos, libros, estudios, comida...", explica.

Ella ha tenido que recurrir a todo tipo de ayudas para salir adelante; siente que no ha podido darle a sus hijas una vida digna y lamenta que "se sienten desgraciadas", llegando las niñas a plantearse "por qué han venido a este mundo así".

Casi 4.000 mujeres en una situación similar a la de Raquel denunciaron a sus parejas en el año 2019 por impago de pensión, según el Ministerio del Interior.

Precisamente, el Tribunal Supremo ha condenado a dos años a un hombre que dejó de abonar la pensión alimenticia a su mujer y sus dos hijos, algo que entiende como "una especie de violencia económica", dado que el incumplimiento de esta obligación "deja a los propios hijos en un estado de necesidad". Una obligación "moral y natural", agrega el Alto Tribunal.