Magistrados consideran inconstitucional que los ciudadanos con coronavirus no puedan ir a votar el 12J

"El derecho a votar no puede depender de que una persona esté enferma", así de contundente se ha pronunciado el magistrado Joaquim Bosch en 'Al Rojo Vivo' sobre la decisión de las autoridades vascas y gallegas de no permitir salir de su aislamiento a las personas contagiadas con coronavirus para ir a votar

Extremo que ha compartido el magistrado Ignacio González Vega, que en el mismo programa ha señalado que "lo diga un responsable político o una normativa autonómica" es "claramente inconstitucional": "El derecho al voto es un derecho fundamental y no puede ser privado de cualquier manera".

"La consejera habla de 200 casos, pero aquí da igual que sea 1 persona o 200.000, el problema es que se está privando a una persona a un derecho fundamental", ha insistido González de Vega, que ha explicado que si alguien decide impugnar el resultado no se anularía porque sería necesario demostrar que con la privación se ha alterado el resultado y no parece que eso vaya a suceder en este caso.

Facilidades para el voto

Ambos han coincidido en que las administraciones vascas y gallegas así como la Junta Electoral deben dar todas las facilidades para que estas personas puedan ejercer su derecho al sufragio.

González de Vega ha apostado por el correo postal, pero también ha señalado que debería de instaurarse el voto telemático, que ya existe en otros países: "De esa manera podríamos hacer que personas que tienen positivo pudieran ejercer su derecho".

Por su parte, Bosch ha señalado que "estamos ante una situación bastante compleja" en la que las personas tienen derecho a votar y que "de hecho seguro que mucho de ellas lo habrán hecho por correo", pero ha reiterado que un miembro de una mesa electoral "nunca" podría impedir a alguien ir a votar.

Según fuentes de Justicia consultadas por laSexta, la vía para recurrir la prohibición de voto a los infectados por coronavirus es la presentación de un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Constitucional. Lo puede hacer cualquiera que se sienta afectado por la decisión.