1998, el año en el que la Justicia española empezó a investigar las dictaduras de Argentina y Chile

En 1998 la impunidad de algunos dictadores lationamericanos empezó a cuestionarse desde España. El juez Baltasar Garzón realizó una petición de extradición de Augusto Pinochet cuando este se encontraba de viaje en Londres. Pero la extradición nunca se produjo porque el primer ministro inglés la rechazó por motivos de salud del dictador, lo que le permitió volver a Chile, donde las leyes le protegían.

Pero aquí la Audiencia Nacional, en una histórica resolución, respaldó al juez Garzón y dio luz verde a la Justicia española para investigar los crímenes de la dictadura chilena y argentina.

"Se había pasado la dictadura y ahora lo que quedaba era acceder a la Justicia. Hubo manifestaciones multitudinarias en Argentina que impactaron al Carlos Castresana, por lo que presentó una denuncia en la Audiencia Nacional por los españoles desaparecidos. En la legislación española está contemplado el delito de genocidio y la justicia universal, es decir, que no importa donde ni cuándo se cometan los crímenes de lesa humanidad para que sean perseguidos y denunciados", explica la exiliada argentina Andrea Benites.

Entonces, la Audiencia decidió que Pinochet podría ser juzgado en España por genocidio, una decisión que en Argentina no era bien recibida por sus autoridades.

"Queríamos que esos 20 años de impunidad no fueran tragados por el olvido. Aparte del ataque sistemático a un grupo determinado, estaba el sometimiento de las víctimas mediante trabajo exclavo y la apropiación de menores y mujeres embarazadas", señala Andrea Benites.

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