Las claves del reparto de migrantes: 6.000 niños hacinados esperan una solución que la ultraderecha les niega

Más de 6.000 niños migrantes, actualmente hacinados en centros de acogida en Canarias, enfrentan una situación crítica que demanda acción inmediata. Mientras el Gobierno central y las autoridades locales buscan una solución urgente, la presión aumenta debido a las amenazas de la ultraderecha de romper gobiernos regionales si se procede con la reubicación de estos menores en otras partes de España.

Ante este escenario, el Gobierno central ha convocado una reunión clave con los presidentes autonómicos y consejeros de las 17 comunidades, enfrentando divisiones políticas significativas. En el encuentro, programado para las próximas horas, la necesidad de trasladar a estos menores a otras regiones de España será el punto central de debate. Sin embargo, las posturas no están unificadas entre las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular (PP), con 11 de ellas bajo su dirección y cinco incluyendo consejeros de Vox.

Desde la dirección nacional del PP, se resisten a las presiones de la ultraderecha. El portavoz de los 'populares', Borja Sémper, expresó: "Mañana queremos que participen todas las comunidades en una hipotética acogida de menores no acompañados".

"Vamos a estar a la altura de esta situación", afirmó Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, mientras que otras comunidades como Aragón y Andalucía expresaron su compromiso bajo ciertas condiciones de financiación y recursos disponibles.

La conferencia sectorial también abordará una propuesta para reformar la ley de extranjería, crucial para establecer un marco de colaboración permanente entre las comunidades. No obstante, el éxito de esta reforma en el Congreso depende del apoyo del PP, mientras que Junts ha manifestado su oposición.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, advirtió: "No hay plan B. Estamos tendiendo la mano al máximo, pero esto terminará en una manifestación parlamentaria."

El PP, por su parte, ha solicitado a la Comisión Europea una intervención urgente en Canarias, denunciando la inacción del gobierno español y pidiendo un despliegue de Frontex y la Agencia Europea de Asilo. También han propuesto un programa de reubicación europeo y medidas extraordinarias para abordar lo que consideran una "emergencia migratoria". Mientras tanto, en Canarias, todos los partidos, incluido el PP, respaldan la reforma de la ley de extranjería como solución al drama migratorio, excepto Vox, que se mantiene en contra.

Cómo se ha hecho otros años

En 2021, la llegada de 200 menores no acompañados llevó al Gobierno a realizar un reparto estratégico para garantizar una atención adecuada. Comunidades como Galicia y Madrid recibieron 20 menores cada una, mientras que otras, como La Rioja, apenas pudieron acoger cinco de los 17 que le asignaron debido a limitaciones de capacidad. Las que menos recibieron -por debajo de los diez- fueron Aragón, Cantabria, Región de Murcia, Navarra y País Vasco.

Sin embargo, para 2022, la situación dio un giro significativo con la cifra total casi duplicada (396 migrantes). Cataluña emergió como uno de los destinos principales para estos menores, superando a Castilla y León en el reparto, que previamente había recibido una cantidad considerable.

En 2023, solo se acogió al 15% del cupo pactado. La ministra Sira Rego confirmó recientemente que incluso en 2022, alrededor de 100 menores no fueron acogidos por las comunidades designadas.

Criterios para el reparto

Según los criterios que fijaba el Gobierno en 2022, se tiene en cuenta en un 50% la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma, en un 25% la población y en el 25% restante la situación económica de esa región, tanto su renta per cápita como la tasa de paro.

Sin embargo, estas directrices han sido objeto de críticas y peticiones de cambio por parte de varias comunidades, que argumentan que dichos criterios no reflejan adecuadamente las necesidades actuales ni la situación migratoria de cada región. En la reunión sectorial, se espera discutir posibles modificaciones que podrían alterar significativamente cómo se distribuyen los recursos y responsabilidades relacionadas con la migración.

Reforma en la Ley de Extranjería

Además, otro punto de fricción es la reforma propuesta al artículo 35 de la Ley de Extranjería, que afecta directamente a los menores no acompañados. Actualmente, permite a las regiones acordar la asunción de tutela de estos menores para garantizarles mejores condiciones.

El cambio propuesto buscaría modificar el término 'poder' por 'obligar', lo que significaría que las comunidades estarían obligadas a acoger a un número específico de menores en situaciones críticas, como la que enfrenta actualmente Canarias, con una capacidad de acogida superada en un 150%.