Tiempo y dinero
¿Cómo afecta la reforma de la carrera judicial a los nuevos opositores? ¿Y a los preparadores?
Los detalles La reforma de la carrera judicial, entre otras cosas, establece becas para los opositores con menos recursos, modifica el sistema de pruebas para priorizar la aptitud sobre la memoria y regula a los preparadores para eliminar el mercado negro.
El tiempo y el dinero son las principales barreras para acceder a la carrera judicial en España. Sin embargo, este martes el Gobierno ha anunciado una reforma que busca garantizar la igualdad de oportunidades para los aspirantes a jueces y fiscales, especialmente aquellos con menos recursos. Una de las medidas más destacadas es la creación de un sistema de becas destinado a aquellos con rentas más bajas, permitiendo así que más personas puedan acceder a la formación necesaria para esta carrera.
En cuanto a los nuevos jueces y juezas que pronto recibirán sus despachos, el perfil de los 137 elegidos es revelador: el 67% son mujeres, con una edad media de 30 años, y han invertido un promedio de cinco años para prepararse para la oposición.
Sin embargo, el proceso de preparación sigue siendo una tarea ardua y costosa, con opositores que deben dedicar entre ocho y diez horas diarias de estudio y afrontar importantes gastos en tutores y materiales.
La reforma introduce un cambio significativo para los futuros opositores: se establecen becas SERÉ que garantizan un salario mínimo durante 14 meses, con un máximo de cuatro años, para aquellos que no puedan contar con el apoyo económico de sus familias. Además, estas becas estarán blindadas por ley, asegurando que no puedan ser eliminadas por futuros gobiernos.
Otro aspecto importante de la reforma es el cambio en el sistema de pruebas. Se priorizará la aptitud sobre la memoria, ya que los opositores actualmente deben demostrar conocimientos sobre más de 300 temas a través de dos pruebas orales y un test. La reforma elimina una de las pruebas orales y la convierte en escrita y anónima, lo que permitirá evaluar mejor la capacidad de los aspirantes para aplicar los conocimientos.
La reforma también afecta a los preparadores, quienes, según la nueva normativa, deberán declarar sus ingresos si superan las 75 horas como tutores. Esto tiene como objetivo erradicar el mercado negro existente, creando un registro público de preparadores que deberán compatibilizar sus funciones de formación con su puesto como magistrados en activo.
En cuanto a los jueces en activo, el Gobierno tiene el objetivo de aumentar la plantilla y reducir la temporalidad. Esto se logrará mediante la creación de más plazas en el denominado 'Cuarto Turno' (del 9% actual al 25% de la judicatura) y acelerando el acceso de profesionales de otras ramas con la evaluación de su currículum, en lugar de realizar exámenes exhaustivos. Además, se consolidará extraordinariamente a cientos de jueces sustitutos, una medida que Europa ha solicitado en múltiples ocasiones.
Finalmente, la reforma también busca hacer más transparente, independiente y democrática el sistema judicial. Para ello, se cambiará la forma de elección y composición de las salas de gobierno de los jueces y de la Comisión de Ética, eliminando el predominio de las asociaciones conservadoras y prohibiendo la financiación privada de empresas implicadas en causas judiciales, lo que garantizará la imparcialidad del sistema.